En la noche de este jueves, 15 de agosto, información de investigadores de la Policía Nacional llegó hasta el despacho del presidente Gustavo Petro. En ella le alertaban de un supuesto plan para atentar contra el Palacio de Justicia de Bogotá, la sede de las altas cortes en Colombia. Los detalles los conoció el mandatario en medio de un Consejo de Seguridad extraordinario al que también asistió el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y que contenía reportes de dos allanamientos que adelantaron las autoridades al sur de Bogotá. En dos viviendas encontraron maletas con explosivos y maquetas del Palacio.
La tensión es alta entre la cúpula del Estado colombiano. Todas las entidades de justicia y el Legislativo se han pronunciado en la mañana de este viernes. Han pedido reforzar la seguridad en los alrededores de la Plaza de Bolívar, el centro histórico de Bogotá, que es rodeada no solo por el Palacio de Justicia sino por el Capitolio, donde sesiona el Congreso de la República, el Palacio de Liévano, desde donde funciona la Alcaldía de Bogotá, y la Catedral Primada. Dos cuadras más al sur está la Casa de Nariño, el palacio presidencial al que también se extendieron las alertas.
En una rueda de prensa de urgencia, el magistrado Gerson Chaverra, presidente de la Corte Suprema de Justicia, ha dicho que las Altas Cortes esperan que se adelanten las investigaciones y ha pedido que se refuerce la seguridad para garantizar el trabajo de los magistrados. Por ahora, operarán con normalidad. Detrás de la alarma está un fantasma próximo a cumplir 40 años. En 1985, un comando de la otrora guerrilla del M-19 se tomó el edificio anterior de ese mismo Palacio, con decenas de magistrados adentro. El Gobierno de Belisario Betancur se negó a dialogar, y una retoma militar a sangre y fuego se saldó con 94 muertes, 12 desapariciones, la cúpula judicial desmantelada y un edificio derruido.
Para Diana Remolina, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura (el órgano autónomo de administración de la Rama Judicial), la amenaza podría atentar contra “la autonomía de la labor que desempeña la justicia en Colombia”, además de la integridad de los funcionarios judiciales. En un comunicado que leyó a las afueras del Palacio de Justicia, donde también tiene sede ese Consejo, ha dicho que se trata de un asunto de seguridad nacional de máxima importancia.
