El cerco internacional contra los responsables del asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay se estrecha. Las autoridades confirmaron la captura en Argentina de Braian Ferney Cruz Castillo, señalado como uno de los principales articuladores logísticos del crimen que estremeció a Colombia en junio de 2025.
El operativo se concretó tras meses de seguimiento e intercambio de información entre organismos judiciales. Cruz Castillo fue ubicado en condición irregular en territorio argentino, pese a tener una orden de captura internacional y una orden de expulsión vigente. Su detención fue posible gracias a la coordinación entre autoridades colombianas, la Unidad Fiscal de la provincia de Corrientes y la Gendarmería Nacional.
El señalado no era ajeno a la justicia en Argentina. Había sido detenido previamente en Buenos Aires por un caso de robo y, aunque recuperó la libertad, mantenía una orden de expulsión activa. Su recaptura se dio cuando acudió a tribunales tras aceptar un juicio abreviado por ese proceso, momento en el que se hizo efectiva su detención por el caso del magnicidio.
Según la investigación, Cruz Castillo habría sido una pieza clave en la planeación del asesinato. Bajo las órdenes de Simeón Pérez Marroquín, realizó seguimientos al senador para identificar sus rutinas y vulnerabilidades en su esquema de seguridad.
Las autoridades también lo vinculan con Katherine Andrea Martínez, su presunta pareja sentimental, quien ya fue condenada tras aceptar su participación en el crimen. Ella habría transportado el arma utilizada en el ataque, ejecutado por un menor de edad.
Además, Cruz Castillo sería integrante de las disidencias de las Farc, lo que motivó la emisión de una circular roja de Interpol para su captura.
Tras la detención, la ministra de Seguridad Nacional argentina, Alejandra Monteoliva, fue contundente: “Vino a esconderse y a cometer delitos, pero acá no refugiamos delincuentes. Hoy está preso y ya se iniciaron los trámites para su pronta expulsión”.
Ahora, el proceso entra en una fase clave: su expulsión y traslado a Colombia, donde deberá responder ante la justicia por su presunta participación en el magnicidio.
En este mismo expediente ya han sido condenados mediante preacuerdos Simeón Pérez Marroquín, Katherine Andrea Martínez y Carlos Eduardo Mora González, además del menor que ejecutó el ataque, quien recibió una sanción de siete años.
La captura de Cruz Castillo representa un avance clave en el esclarecimiento de uno de los crímenes políticos más impactantes de los últimos años en Colombia, pero también deja en evidencia la dimensión transnacional de la estructura que lo planeó.
