Agricultores, transportadores, comerciantes y hasta el sector minero advierten impactos negativos del Decreto 0572 de 2025. El Gobierno defiende la medida como un ajuste técnico para el recaudo anticipado.
Una nueva tormenta se cierne sobre el sector productivo en Colombia. Esta vez, no es una reforma presentada en el Congreso, sino un decreto. El Decreto 0572 de 2025, firmado por el Ministerio de Hacienda, ha encendido las alarmas entre empresarios, gremios y expertos tributarios, quienes acusan al Gobierno de imponer una “reforma tributaria encubierta” al modificar de forma sustancial las reglas de la retención y autorretención en la fuente.
El documento, que ya generaba polémica desde que fue publicado como borrador, se convirtió en norma oficial esta semana. Entre sus principales cambios, reduce los umbrales para que las retenciones comiencen a aplicarse, sube tarifas en sectores clave como la agricultura, el transporte, la minería y el comercio de oro, e impone nuevas condiciones para operaciones inmobiliarias.
Más sectores, más retención
A partir de ahora, las retenciones por prestación de servicios se aplicarán desde 2 UVT, ya no desde 4, lo que implica que más trabajadores independientes y empresas pequeñas quedarán cobijados por este impuesto anticipado.
Además, en el caso de productos agropecuarios, el umbral para aplicar retención de 1,5% se baja de 92 UVT a 70 UVT. Y los cafeteros, tradicionalmente protegidos, ahora verán cómo las compras de café pergamino o cereza se retendrán desde 70 UVT, ya no desde 160, aunque la tarifa se mantenga en 0,5%.
El golpe más fuerte lo recibirán quienes comercializan oro, pues la retención subirá del 1% al 2,5%, y los transportadores, que pasarán de una tarifa del 1,10% a una del 3,50%. Incluso el sector de vivienda no escapa: en operaciones por debajo de las 10.000 UVT (antes 20.000), se aplicará una retención del 1%.
Voces críticas: “Esto ahoga el flujo de caja”
Las reacciones no se hicieron esperar. El representante a la Cámara Andrés Forero calificó la medida de “expropiatoria” y alertó sobre una posible reacción social: “Quizá sean los cafeteros y transportadores los del próximo paro nacional”, advirtió.
Por su parte, el exdirector de la Dian, Lisandro Junco, aseguró que con este decreto “se están anticipando pagos de renta no solo del 2026, sino incluso del 2027”. En su opinión, se trata de un movimiento desesperado del Gobierno para inflar el recaudo del año en curso, a costa del flujo operativo de miles de contribuyentes.
Fedesarrollo, centro de pensamiento económico, ya proyectó que estas medidas podrían generar un recaudo adicional cercano a los $13,9 billones, equivalente a una reforma tributaria sin debate.
¿Técnico o político?
Desde el Ministerio de Hacienda, la postura es distinta. Argumentan que este ajuste responde a una lógica técnica: mejorar el recaudo en el presente para reducir los anticipos del año siguiente. Pero los gremios no lo ven así. Para ellos, la carga tributaria crece sin discusión ni gradualidad, y muchos sectores quedan asfixiados antes de ver un solo peso de ganancia.
Mientras tanto, los contribuyentes comienzan a hacer cuentas: lo que antes era una retención menor ahora se convierte en una anticipación de impuestos que limita liquidez, inversión y operación, en un año en el que la economía nacional aún lucha por recuperar su ritmo.
