El Juzgado 001 Civil del Circuito de Conocimiento de Asuntos Laborales de Purificación declaró en desacato a varios directivos de la Nueva EPS por el incumplimiento de un fallo de tutela interpuesto por la ciudadana Herlinda Yepes Morales.
De acuerdo con la providencia judicial, se determinó que Wanda Patricia Longas Jiménez, en su calidad de gerente zonal Tolima, y Salvador José Berrocal Martínez, gerente regional Centro Oriente de la entidad, incurrieron en desacato al no dar cumplimiento a la orden emitida el pasado 2 de diciembre de 2025, dentro de la acción de tutela presentada por la afectada.
El despacho judicial resolvió imponer sanciones a ambos funcionarios, consistentes en el pago de dos salarios mínimos mensuales legales vigentes y arresto domiciliario por dos días para cada uno. Asimismo, se indicó que la multa deberá ser consignada a órdenes de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura, a través del Banco Agrario.
Como parte de las medidas adoptadas, el juzgado ordenó a la Policía Metropolitana de Ibagué, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN), registrar la orden de arresto en el sistema Sioper 2.1, con el fin de que pueda ser ejecutada por cualquier autoridad policial en el país.
En la decisión también se advierte a los sancionados que, pese a las medidas impuestas, deberán cumplir de manera inmediata con lo ordenado en el fallo de tutela emitido el 20 de noviembre de 2025, relacionado con la garantía de los derechos de la señora Yepes Morales.
Adicionalmente, el juzgado ordenó compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para que se investigue la posible comisión del delito de fraude a resolución judicial por parte de los funcionarios sancionados.
Finalmente, la decisión será remitida en grado de consulta ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, sala civil-familia, para su revisión.
Este caso vuelve a poner en evidencia las dificultades en el cumplimiento de fallos judiciales dentro del sistema de salud, así como las tensiones existentes entre las entidades promotoras de salud y los usuarios que acuden a mecanismos legales para la protección de sus derechos fundamentales.
