El procesado aceptó su responsabilidad mediante un preacuerdo con la Fiscalía. La víctima, el deportista Carlos Eduardo Perdomo Barrios, murió tras ser atacada con un arma cortopunzante durante una discusión por una deuda.
Cinco meses después del crimen que generó conmoción en Ibagué, la justicia emitió una sentencia contra Paulo Andrés Osorio Uribe, conocido como alias ‘El Carnicero’, al imponerle una condena de 16 años y 8 meses de prisión por el homicidio de Carlos Eduardo Perdomo Barrios, ocurrido en marzo de este año en la Plaza de Mercado de la calle 21.
La decisión fue adoptada por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Ibagué, luego de avalar el preacuerdo suscrito entre la Fiscalía General de la Nación y la defensa del procesado. En desarrollo de ese acuerdo, Osorio Uribe aceptó su responsabilidad en los hechos, lo que permitió dar por terminado el proceso de manera anticipada.
De acuerdo con la investigación, el homicidio ocurrió el 14 de marzo de 2026 en una carnicería ubicada frente a la Plaza de la 21, donde el hoy condenado laboraba. La confrontación se originó cuando la víctima le reclamó el pago de una deuda económica, situación que desencadenó una discusión que terminó de manera violenta.
En medio del altercado, Osorio Uribe atacó a Carlos Eduardo Perdomo con un arma cortopunzante, causándole una grave herida en el pecho que comprometió órganos vitales. Aunque la víctima fue trasladada con urgencia a un centro asistencial e intervenida quirúrgicamente, falleció horas después debido a la gravedad de las lesiones.
Como parte del preacuerdo, la Fiscalía modificó, únicamente para efectos de la dosificación de la pena, la forma de participación del acusado, pasando de autor a cómplice. Esta decisión permitió una reducción en la condena, sin que ello significara un cambio en el reconocimiento de su responsabilidad por el homicidio.
El juez también impuso a Osorio Uribe la inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas durante el mismo tiempo de la pena principal y dejó establecido que deberá cumplir la condena en un establecimiento penitenciario, sin acceso a beneficios como la prisión domiciliaria.
Los familiares de la víctima decidieron no oponerse al preacuerdo, al considerar que este garantizaba una sentencia condenatoria y evitaba la prolongación del proceso judicial mediante un juicio oral.
Con la decisión, que quedó en firme, concluye uno de los casos judiciales de mayor impacto registrados este año en la capital tolimense, donde el homicidio del joven deportista generó amplio rechazo y reavivó el debate sobre la resolución violenta de los conflictos.
