El Ministerio de Educación Nacional ordenó medidas de vigilancia especial e intervención preventiva sobre la institución tras detectar una serie de presuntas irregularidades que incluyen contratos millonarios con plazos de ejecución de apenas un día, deficiencias en la contratación, posibles anomalías financieras y hallazgos que incluso fueron remitidos a la Fiscalía General de la Nación.
La decisión se produjo luego de una visita realizada por la Subdirección de Inspección y Vigilancia, cuyos resultados describen un panorama preocupante sobre el funcionamiento interno de la institución y revelan debilidades en áreas clave como planeación, supervisión, control administrativo y gestión contractual.
Entre los hallazgos más llamativos figura la existencia de procesos contractuales adjudicados a finales de 2025 con tiempos de ejecución inicialmente establecidos en un solo día, pese a tratarse de proyectos de considerable complejidad técnica y financiera.
Uno de los casos que más inquietud genera es el Contrato 375 de 2025, relacionado con la interventoría para la construcción de un parqueadero auxiliar en las instalaciones del Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional. Según la resolución ministerial, el contrato supera los 1.116 millones de pesos y fue suscrito con un plazo inicial de ejecución de apenas un día, situación que despertó cuestionamientos sobre la viabilidad real del cumplimiento de su objeto contractual.
La inspección también encontró inconsistencias entre las fechas de suscripción de contratos, las actas de inicio y posteriores modificaciones, además de presuntas fallas en los mecanismos de supervisión y seguimiento.
Otro de los aspectos que encendió las alarmas tiene que ver con el uso reiterado de contratos de prestación de servicios para atender actividades permanentes dentro de la institución. De acuerdo con el informe, labores relacionadas con el mantenimiento de laboratorios de informática y el apoyo al consultorio odontológico habrían sido cubiertas mediante esta modalidad contractual, una práctica que podría desnaturalizar el carácter excepcional de estos contratos.
Las observaciones no terminan ahí. El Ministerio advirtió que Uniespinal presuntamente no estaría publicando de manera completa información relacionada con la ejecución de varios contratos en la plataforma SECOP II, incluyendo documentos fundamentales como actas de inicio, informes de supervisión, modificaciones contractuales, pagos y liquidaciones.
La gravedad de algunos hallazgos llevó a que el caso fuera remitido al Grupo Interno de Procesos Administrativos Sancionatorios y a la Fiscalía General de la Nación, con el fin de determinar si pudo configurarse el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
La situación se vuelve aún más delicada porque estas medidas coinciden con otra investigación que ya adelanta la Procuraduría General de la Nación contra el rector de la institución, Mario Díaz, por presuntas irregularidades relacionadas con carrera administrativa, nombramientos, nómina paralela, supuesto clientelismo político y posible participación indebida en política.
Ante este escenario, el Ministerio de Educación ordenó la implementación inmediata de un plan de mejoramiento institucional y la designación de un inspector in situ que realizará seguimiento permanente a la gestión administrativa y financiera de Uniespinal.
La decisión representa uno de los llamados de atención más severos realizados recientemente por el Gobierno Nacional a una institución de educación superior y abre un nuevo capítulo de incertidumbre sobre el manejo de los recursos públicos en el sector educativo.
Mientras avanzan las investigaciones disciplinarias, administrativas y eventualmente penales, la comunidad académica permanece a la expectativa de las conclusiones que puedan surgir de un caso que ya genera preocupación en el Tolima y que podría tener profundas repercusiones para el futuro de la institución.
