El cierre del primer semestre de 2026 llegó con una advertencia para miles de empresas colombianas: un error en la nómina ya no solo puede traducirse en problemas administrativos, sino también en demandas laborales, sanciones económicas y millonarias contingencias financieras.
Mientras se acerca la fecha límite para el pago de la prima de servicios, el próximo 30 de junio, las organizaciones enfrentan uno de los escenarios laborales más exigentes de los últimos años debido a la entrada en vigor de nuevas disposiciones derivadas de la reforma laboral y a la inminente reducción de la jornada máxima ordinaria a 42 horas semanales a partir del 15 de julio.
Lo que durante años fue considerado un trámite rutinario de nómina ahora se convirtió en una auténtica prueba de cumplimiento legal para el sector empresarial.
Uno de los cambios más sensibles está relacionado con los aprendices vinculados mediante contrato de aprendizaje. Con la entrada en vigencia de la Ley 2466 de 2025, esta figura adquirió la condición de contrato laboral especial a término fijo, lo que implica nuevas obligaciones para los empleadores.
La modificación reconoce que los aprendices en etapa práctica o en formación dual tienen derecho al pago de prestaciones sociales, auxilios y demás beneficios laborales, una realidad que obliga a las compañías a revisar cuidadosamente sus registros y sistemas de liquidación.
Según expertos, muchas empresas podrían estar subestimando el impacto financiero de esta transformación.
“Las compañías no solo deben verificar si pagarán la prima dentro del plazo legal, sino también si la están liquidando sobre la población correcta, con la base adecuada y conforme a las nuevas reglas aplicables a los aprendices”, explicó María Camila Ortiz, gerente de KPMG Colombia.
La preocupación aumenta especialmente en organizaciones con amplios programas de formación o con cuotas obligatorias de aprendizaje, donde una parametrización incorrecta podría generar diferencias acumuladas, inconsistencias contables y futuras reclamaciones laborales.
El reto se vuelve aún más complejo si se tiene en cuenta que el salario mínimo para 2026 se ubica en $1.750.905 y que los aprendices en fase práctica tradicional tienen derecho a recibir un apoyo equivalente al 100 % de ese valor, además de las prestaciones que les correspondan según su situación contractual.
A partir del 15 de julio, las empresas deberán implementar la reducción definitiva de la jornada laboral a 42 horas semanales, una medida contemplada en la Ley 2101 de 2021 y que marca uno de los cambios más profundos en la organización del trabajo en Colombia.
Aunque la reducción no implica disminución salarial ni pérdida de derechos para los trabajadores, sí obligará a las compañías a rediseñar turnos, ajustar horarios, recalcular horas extras, revisar recargos y replantear esquemas de productividad.
Sectores con operación continua, producción por turnos, atención al público o alta demanda de personal operativo podrían enfrentar los mayores desafíos de adaptación.
Para KPMG, la coincidencia entre el pago de la prima, las nuevas obligaciones con aprendices y la reducción de la jornada laboral convierte este cierre de semestre en un momento crítico para la estabilidad operativa de muchas organizaciones.
La firma advierte que las empresas que continúen manejando estos cambios como simples tareas administrativas podrían quedar expuestas a errores de liquidación, reprocesos internos, demandas laborales y afectaciones reputacionales.
Por el contrario, aquellas que adopten una estrategia preventiva y basada en la gestión de riesgos tendrán mayores posibilidades de evitar conflictos y garantizar el cumplimiento normativo.
Entre las principales recomendaciones figuran la revisión completa de la nómina, la identificación de todos los aprendices activos, la validación de las bases de liquidación de prestaciones, la actualización de los sistemas de pago, la verificación de provisiones contables y la reorganización de los esquemas de jornada antes de la entrada en vigor de las 42 horas semanales.
El mensaje para el sector empresarial es claro: el cierre de junio ya no es solo una fecha para pagar la prima. Es una prueba de fuego para medir qué tan preparadas están las compañías para sobrevivir en un entorno laboral cada vez más exigente, regulado y vigilado.
Quienes fallen en la adaptación podrían enfrentar costos mucho mayores que una simple liquidación mal calculada. Quienes se anticipen, en cambio, tendrán una ventaja estratégica en un mercado donde el cumplimiento normativo comienza a ser tan importante como los resultados financieros.
