El exsecretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, José Antonio Salazar Ramírez, se declaró inocente de los graves cargos imputados por la Fiscalía General de la Nación dentro de una investigación que busca esclarecer una presunta maniobra irregular para favorecer la adjudicación de un multimillonario contrato relacionado con la expedición de pasaportes.
La controversia gira en torno a un contrato valorado en 559.000 millones de pesos, cuya adjudicación habría sido posible gracias a una serie de decisiones administrativas que hoy están bajo la lupa de las autoridades judiciales.
Durante la audiencia de imputación, la Fiscalía le atribuyó a Salazar Ramírez los delitos de prevaricato por acción y enriquecimiento ilícito de servidor público, cargos que el exfuncionario rechazó categóricamente al declararse no culpable.
Según el ente acusador, los hechos ocurrieron en febrero de 2026, cuando el entonces secretario general de la Cancillería habría excedido las funciones propias de su cargo para intervenir en un proceso contractual que ya había sido cerrado.
La Fiscalía sostiene que Salazar carecía de facultades legales para tomar decisiones de fondo sobre la licitación, pues sus responsabilidades estaban limitadas a labores administrativas y de coordinación institucional.
En el centro de la investigación aparecen tres resoluciones expedidas el 26 de febrero, mediante las cuales el funcionario habría revertido decisiones previas que mantenían frenado el proceso contractual. De acuerdo con los investigadores, esos actos administrativos permitieron reactivar la licitación y facilitar la adjudicación del negocio a un único proponente.
Para la Fiscalía, dichas actuaciones resultaron determinantes para que el contrato de expedición, almacenamiento y entrega de pasaportes quedara en manos de un solo oferente, con vigencia hasta el 31 de julio de 2026 y por una suma que supera el medio billón de pesos.
Pero el expediente no se limita al contrato. El organismo acusador también investiga un presunto incremento injustificado en el patrimonio del exfuncionario durante el tiempo que permaneció en la Cancillería.
Según el fiscal del caso, entre agosto de 2022 y febrero de 2026, Salazar adquirió un predio rural en el municipio de Puerto López por un valor cercano a los 950 millones de pesos. La investigación sostiene que no existirían registros financieros, créditos, transferencias o soportes patrimoniales que expliquen de manera clara la procedencia de los recursos utilizados para concretar la compra.
Esta circunstancia llevó a la Fiscalía a imputarle adicionalmente el delito de enriquecimiento ilícito de servidor público, al considerar que habría una diferencia significativa entre sus ingresos reportados y el valor de los bienes adquiridos durante su permanencia en el cargo.
El caso abre un nuevo capítulo en los cuestionamientos sobre la contratación pública en Colombia y pone nuevamente bajo escrutinio uno de los procesos más sensibles para el Estado: la producción y entrega de pasaportes.
Mientras la Fiscalía insiste en que cuenta con elementos suficientes para sustentar las acusaciones, la defensa de José Antonio Salazar Ramírez sostiene que las actuaciones del exfuncionario fueron legales y ajustadas a sus competencias.
Ahora será la justicia la encargada de determinar si detrás del multimillonario contrato existió una estrategia para favorecer intereses particulares o si, por el contrario, las acusaciones carecen de fundamento.
