A pocos días de concluir la actual legislatura, una de las banderas más representativas del gobierno de Gustavo Petro parece acercarse a su final. El Ministerio de la Igualdad, creado como una de las principales apuestas sociales de esta administración, está al borde de desaparecer debido a que el Congreso no alcanzó a tramitar la ley exigida por la Corte Constitucional para darle sustento jurídico definitivo.
La situación representa un duro revés para el Ejecutivo y, especialmente, para la vicepresidenta Francia Márquez, quien lideró la creación de la cartera y la convirtió en uno de los símbolos de inclusión y equidad promovidos por el Gobierno Nacional.
El problema se remonta a una decisión de la Corte Constitucional emitida hace dos años, cuando declaró inexequible la creación del Ministerio de la Igualdad al concluir que durante su aprobación no se cumplió un requisito fundamental: analizar adecuadamente el impacto fiscal y financiero de la nueva entidad.
Sin embargo, el alto tribunal decidió no desmontar de inmediato el ministerio y concedió un plazo extraordinario al Congreso para subsanar el error mediante una nueva ley que cumpliera con todas las exigencias constitucionales.
Ese plazo vence con el cierre de la actual legislatura y el panorama es desalentador para el Gobierno. El proyecto que debía salvar la entidad ni siquiera ha superado el primer debate en el Congreso, lo que hace prácticamente imposible que complete su trámite antes del cierre de las sesiones ordinarias previsto para este 20 de junio.
A la incertidumbre se suma otro factor: hasta ahora no existe claridad sobre una eventual convocatoria a sesiones extraordinarias ni tampoco sobre la existencia de mayorías suficientes para sacar adelante la iniciativa en tiempo récord.
En términos prácticos, el reloj legislativo parece haberse agotado y la orden impartida por la Corte Constitucional corre el riesgo de quedar incumplida, dejando al Ministerio de la Igualdad sin el soporte jurídico necesario para continuar operando.
El eventual cierre de la cartera tendría además importantes repercusiones administrativas y presupuestales. Solo para 2026, el Ministerio de la Igualdad cuenta con una asignación cercana a los 323 mil millones de pesos, recursos destinados a programas enfocados en poblaciones vulnerables y grupos históricamente excluidos.
Desde su creación en 2023, la entidad ha estado encabezada por dos funcionarios: la vicepresidenta Francia Márquez, quien fue su primera ministra, y el actual titular, Alfredo Acosta Zapata.
La posible desaparición del ministerio se perfila como uno de los golpes políticos más significativos para el gobierno Petro en la recta final de su mandato. Mientras sus defensores sostienen que la entidad representó un avance histórico en materia de inclusión social, sus críticos afirman que nació con vacíos jurídicos y una estructura burocrática costosa que nunca logró consolidarse plenamente.
Con apenas días por delante y sin avances legislativos concretos, el futuro del Ministerio de la Igualdad parece depender de un milagro político de última hora. De lo contrario, una de las iniciativas más emblemáticas del actual Gobierno podría convertirse en otro capítulo de promesas inconclusas y derrotas institucionales.
