La exalcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson, deberá comparecer el próximo 2 de julio ante la justicia por un escándalo de presunta corrupción que sacude nuevamente a la administración distrital y que estaría relacionado con millonarios sobrecostos en un contrato para esterilización de perros y gatos.
La diligencia judicial se realizará a las 4:00 de la tarde en el Juzgado 8 Penal Municipal del Magdalena, donde la Fiscalía General de la Nación le imputará los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.
El caso gira alrededor de un contrato cercano a los 1.100 millones de pesos adjudicado durante la administración de Johnson para ejecutar jornadas de esterilización animal en la capital del Magdalena. Sin embargo, las denuncias públicas y los hallazgos de los entes de control apuntan a presuntas irregularidades, costos inflados y posibles maniobras que habrían afectado los recursos públicos.
Según explicó el abogado Julián Quintana, representante de la Alcaldía de Santa Marta como víctima dentro del proceso, el contrato contemplaba apenas 2.000 procedimientos veterinarios, pese a que expertos y organizaciones animalistas aseguraron que con el mismo presupuesto podían realizarse más de 5.000 esterilizaciones.
“Este contrato contemplaba la realización de 2.000 procedimientos, pese a que médicos, veterinarios y animalistas aseguraron que con esos mismos recursos podrían realizarse más de 5.000 esterilizaciones”, afirmó Quintana.
Las denuncias también advierten sobre presuntos cobros excesivos en insumos veterinarios, elevados costos de transporte y compras masivas de elementos que habrían sido facturados con valores desproporcionados.
“Entre los presuntos hallazgos denunciados se mencionaron cobros excesivos en insumos veterinarios, gastos elevados en transporte de animales, compra masiva de elementos como lapiceros y otros costos, es decir, sobrecostos totalmente evidenciados en esa denuncia”, agregó el abogado.
El escándalo no solo quedó en manos de la Fiscalía. La Contraloría Distrital adelantó investigaciones paralelas y detectó hallazgos fiscales y administrativos superiores a los 684 millones de pesos, lo que aumentó las sospechas sobre el manejo de los recursos públicos destinados a programas de bienestar animal.
Por este mismo proceso también será imputada Rosibel Carrillo de la Cruz, actual representante legal de la Fundación Despertar Solidario, organización vinculada a la ejecución del cuestionado contrato.
La audiencia promete convertirse en uno de los episodios judiciales más delicados para el movimiento político que gobernó Santa Marta durante los últimos años, pues el caso revive las críticas sobre presuntos manejos irregulares de recursos públicos bajo el discurso de programas sociales y protección animal.
Mientras la Fiscalía prepara la solicitud de medida de aseguramiento, el proceso podría abrir un nuevo capítulo de confrontación política y judicial en la ciudad, donde sectores ciudadanos exigen respuestas claras sobre el destino de millonarios recursos públicos que debían beneficiar a miles de animales abandonados y terminaron convertidos en un escándalo de presunta corrupción.
