Un nuevo escándalo sacude al Ejército Nacional de Colombia luego de que varias mujeres denunciaran ante la Fiscalía presuntas prácticas de acoso y procedimientos irregulares durante el proceso de incorporación al servicio militar en la ciudad de Popayán.
Las denuncias, conocidas por un medio nacional, señalan que los hechos ocurrieron los pasados 14 y 15 de mayo en el Distrito Militar #20, donde jóvenes aspirantes acudieron con la expectativa de ingresar a la institución, pero terminaron viviendo situaciones que describen como humillantes, invasivas y vulneratorias de sus derechos.
De acuerdo con los testimonios entregados a las autoridades, las irregularidades se habrían presentado durante los exámenes médicos individuales realizados por un profesional de la salud encargado de valorar las condiciones físicas de las aspirantes.
Según relataron varias mujeres, el procedimiento comenzó con ejercicios aparentemente normales, como sentadillas, flexiones y pruebas físicas rutinarias. Sin embargo, posteriormente el examen tomó un rumbo que, aseguran, les generó incomodidad y temor.
“Posteriormente, el médico realizó una revisión física que incluía la valoración del tórax, donde hubo contacto directo con los senos, sin explicar previamente el procedimiento ni solicitar consentimiento”, señala uno de los testimonios recopilados en la denuncia.
Las aspirantes afirmaron además que el médico ordenó posiciones específicas sobre la camilla y pidió retirar la ropa interior hasta las rodillas para continuar con la valoración física.
“En esa posición, quedábamos orientadas hacia la pared, sin poder ver lo que ocurría, mientras el médico se ubicaba detrás de nosotras, a la altura de la región pélvica y glútea. Desde esa ubicación, procedía a realizar la inspección directa de la zona íntima”, relataron las denunciantes.
Según las versiones entregadas ante la Fiscalía, todo el procedimiento habría sido realizado sin explicación previa, sin consentimiento informado y sin acompañamiento adicional, situación que las jóvenes calificaron como intimidante y degradante.
Las denunciantes también señalaron que, al expresar incomodidad frente a los procedimientos, una suboficial les habría advertido que quienes no estuvieran de acuerdo debían desistir de la convocatoria para ingresar al Ejército.
El caso abrió un fuerte debate sobre los protocolos médicos dentro de los procesos de incorporación militar y los límites entre una valoración clínica legítima y posibles conductas que vulneren la dignidad de las aspirantes.
Frente a las denuncias, el Ejército Nacional aseguró que los exámenes psicofísicos realizados durante las convocatorias responden a criterios técnicos y clínicos establecidos por la Dirección General de Sanidad Militar.
“Los exámenes de aptitud psicofísica que se realizan por parte de profesionales de la salud al servicio de la Fuerza siguen criterios técnicos y clínicos orientados a determinar las condiciones psicofísicas requeridas para la prestación del servicio militar”, indicó la institución mediante un pronunciamiento oficial.
No obstante, el Ejército afirmó que rechaza cualquier comportamiento que atente contra la integridad y los derechos de los ciudadanos.
“El Ejército Nacional rechaza categóricamente cualquier conducta que atente contra la integridad, la dignidad o los derechos de los ciudadanos que participan en los procesos de incorporación”, agregó la entidad.
Mientras avanzan las investigaciones judiciales, las denunciantes exigen claridad sobre los protocolos aplicados durante las valoraciones médicas y piden que se determine si los procedimientos realizados se ajustaban realmente a las normas establecidas o si existieron abusos encubiertos bajo supuestos exámenes clínicos.
El caso genera creciente indignación en sectores sociales y defensores de derechos humanos, que reclaman garantías para las mujeres que buscan ingresar a las Fuerzas Militares y exigen que los procesos de incorporación no se conviertan en escenarios de intimidación o vulneración de derechos.
