Un nuevo escándalo de corrupción golpea a la administración pública en Colombia. Un juez de control de garantías ordenó enviar a prisión al alcalde de Villa de Leyva, Boyacá, Víctor Alfonso Gamboa Chaparro, señalado por la Fiscalía General de la Nación de presuntamente exigir dinero y favorecer trámites urbanísticos relacionados con un millonario proyecto inmobiliario en ese municipio turístico.
La decisión judicial se produjo luego de que un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción le imputara los delitos de concusión y prevaricato por acción, cargos que el mandatario negó durante las audiencias.
Según la investigación, las autoridades recopilaron pruebas que vincularían al alcalde con presuntas exigencias económicas y beneficios indebidos a cambio de facilitar permisos y actuaciones administrativas relacionadas con una licencia de urbanismo y construcción.
De acuerdo con el expediente, el 8 de junio de 2025 Gamboa Chaparro habría solicitado a la representante legal de la empresa Inversiones San Jacinto Nelvic S.A.S. contratar a una persona específica para realizar asesorías encaminadas a agilizar trámites ante la Alcaldía de Villa de Leyva.
La Fiscalía sostiene que posteriormente el mandatario habría pedido aumentar el salario del recomendado, quien permaneció vinculado durante once meses y recibió pagos cercanos a los 48 millones de pesos.
Pero uno de los hechos más delicados del proceso ocurrió, según el ente acusador, el 4 de marzo de 2026, cuando el alcalde presuntamente exigió 112 millones de pesos a la empresaria, equivalentes al 20 % del valor establecido para ampliar una licencia de construcción del proyecto inmobiliario.
La supuesta exigencia habría quedado registrada en mensajes de voz incorporados al proceso judicial. Aunque posteriormente, en una llamada telefónica, el mandatario habría retirado la petición económica, la Fiscalía considera que existen suficientes elementos para inferir posibles actos de corrupción.
El expediente también señala que, dos días después de esa conversación, el 6 de marzo, Gamboa Chaparro expidió una resolución que habría constituido una retaliación contra la empresaria por no acceder a las exigencias presuntamente realizadas.
Según la Fiscalía, el alcalde actuó en medio de un posible conflicto de intereses y habría utilizado su cargo para afectar deliberadamente el trámite administrativo del proyecto.
Como consecuencia de esa actuación, la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial de Villa de Leyva rechazó la solicitud de ampliación de la licencia de construcción.
Además, el inspector Segundo de Convivencia y Paz del municipio impuso posteriormente una multa cercana a los 232 millones de pesos contra los representantes del proyecto inmobiliario.
Durante las audiencias, la defensa del mandatario aseguró que los audios y demás pruebas presentadas por la Fiscalía estarían alterados. Según argumentaron sus abogados, un supuesto peritaje técnico evidenciaría inconsistencias en el material probatorio.
Sin embargo, la juez de control de garantías concluyó que existían suficientes elementos para imponer medida de aseguramiento privativa de la libertad contra el alcalde mientras avanza el proceso penal.
La captura y envío a prisión de Gamboa Chaparro genera fuerte impacto político en Boyacá y revive el debate sobre posibles redes de corrupción alrededor de licencias urbanísticas y proyectos inmobiliarios en municipios con alta valorización turística y comercial como Villa de Leyva.
Ahora será la justicia la encargada de determinar si el mandatario utilizó su poder para presionar económicamente a empresarios y manipular decisiones administrativas dentro de la Alcaldía.
