Uno de los mayores escándalos alrededor de las fotomultas en Colombia acaba de explotar. El Ministerio de Transporte confirmó que cerca de 7,5 millones de comparendos impuestos entre 2018 y 2024 deberán ser revocados por irregularidades detectadas en la operación de cámaras de tránsito en al menos 37 organismos del país.
La revelación fue hecha por la ministra de Transporte, Mafe Rojas, durante una entrevista en Mañanas Blu con Néstor Morales, donde aseguró que múltiples sistemas automáticos de detección operaron incumpliendo requisitos legales y técnicos exigidos por la normativa colombiana.
“Se caen 7 millones y medio de comparendos porque no cumplieron los requisitos de la ley”, afirmó la funcionaria, en una declaración que desató controversia nacional y abrió interrogantes sobre el manejo de las cámaras de tránsito en distintas ciudades.
¿Por qué se tumbarán millones de fotomultas?
Según explicó el Ministerio de Transporte, las irregularidades están relacionadas con el llamado concepto de desempeño o de uso de la tecnología, documento expedido por el Instituto Nacional de Metrología que certifica que las cámaras de fotodetección cumplen las condiciones técnicas exigidas para operar legalmente.
La ministra aseguró que varias autoridades de tránsito comenzaron a instalar y operar cámaras antes de contar con dicha autorización.
“Muchos arrancaron a cobrar sin haber hecho el trámite correspondiente”, sostuvo la funcionaria.
La investigación adelantada por la Superintendencia de Transporte revisó permisos y autorizaciones tramitadas por 37 organismos de tránsito entre diciembre de 2018 y noviembre de 2024, encontrando que varias cámaras funcionaron sin cumplir plenamente con los requisitos legales.
Entre las entidades involucradas aparecen algunas de las principales ciudades del país, incluyendo Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.
En Bogotá, las fotomultas cuestionadas corresponden al periodo comprendido entre el 12 de diciembre de 2018 y el 6 de enero de 2020.
En Medellín, las sanciones comprometidas fueron impuestas entre el 10 de diciembre de 2018 y el 28 de abril de 2020, mientras que en Cali el periodo investigado se extiende desde diciembre de 2018 hasta noviembre de 2024.
La lista también incluye organismos de tránsito de Villavicencio, Itagüí, Sabaneta, Bello, Cúcuta, Montería, Palmira, Santa Marta, Barrancabermeja, Popayán, Yumbo, Zipaquirá y varios municipios del Atlántico, Magdalena y Valle del Cauca.
¿Qué pasará con quienes no han pagado la fotomulta?
La ministra Mafe Rojas aseguró que los ciudadanos cuyos comparendos estén dentro de los periodos investigados no tendrán que realizar trámites adicionales para solicitar la revocatoria.
Según explicó, serán las mismas secretarías de tránsito las encargadas de eliminar automáticamente las multas de sus plataformas y sistemas de cobro.
“Si está en esos periodos y en esa ciudad, no tenga ya ese comparendo que fue puesto de manera irregular”, afirmó la ministra.
El Gobierno calcula que esta medida beneficiará a más de 5,8 millones de comparendos que aún no han sido pagados por los conductores.
¿Y quienes ya pagaron?
En el caso de los ciudadanos que sí cancelaron las multas, el proceso será diferente. La ministra explicó que estas personas deberán presentar una solicitud ante la respectiva secretaría de tránsito para reclamar la devolución del dinero.
Para ello, las entidades deberán habilitar mecanismos virtuales como ventanillas digitales y correos electrónicos donde los usuarios podrán tramitar las solicitudes de reintegro.
Según las estimaciones del Gobierno Nacional, más de 1,5 millones de fotomultas ya fueron pagadas por ciudadanos en todo el país, representando un recaudo superior a un billón de pesos.
La magnitud del escándalo revive las críticas históricas contra el sistema de fotodetección en Colombia, cuestionado durante años por presuntos abusos, falta de señalización y utilización de cámaras con fines principalmente recaudatorios.
Ahora, tras la decisión del Gobierno, se anticipa una avalancha de reclamaciones administrativas y posibles demandas contra organismos de tránsito, mientras millones de conductores esperan conocer si sus sanciones hacen parte del masivo proceso de revocatoria.
