Una escalada violenta sin precedentes recientes tiene en vilo al suroccidente del país. Las autoridades atribuyen la seguidilla de ataques a una presunta retaliación ordenada por Néstor Gregorio Vera Fernández, máximo cabecilla del llamado Estado Mayor Central (EMC), tras los golpes que ha recibido su círculo más cercano.
Según fuentes de inteligencia consultadas por El Colombiano, la ofensiva no responde únicamente a una estrategia militar, sino a una “venganza a sangre fría” marcada por factores personales: la muerte de su pareja sentimental en un bombardeo y la captura de cuatro de sus hermanos en los últimos meses.
Desde el pasado viernes, la orden de “Iván Mordisco” habría desencadenado al menos 31 atentados en los departamentos de Cauca, Nariño y Valle del Cauca, cinco de ellos frustrados por la Fuerza Pública.
El hecho más devastador ocurrió en la vía Panamericana, a la altura de Cajibío (Cauca), donde la explosión de una bomba al paso de vehículos civiles dejó 21 muertos y 35 heridos, en un ataque que ha sido calificado como uno de los más brutales contra población civil en los últimos años.
La ofensiva ha incluido explosivos, hostigamientos armados, bloqueos, quema de vehículos e incluso el uso de drones comerciales para lanzar granadas, evidenciando un preocupante nivel de sofisticación.
Las autoridades sostienen que esta arremetida estaría directamente relacionada con las recientes operaciones militares en zonas estratégicas como el cañón del Micay, el río Naya y la cordillera Occidental.
Entre agosto de 2025 y marzo de 2026, cuatro hermanos de “Iván Mordisco” fueron capturados, debilitando su red logística. Pero el golpe más sensible ocurrió el 26 de marzo, cuando un bombardeo en zona rural de Vaupés dejó seis guerrilleros muertos, entre ellos alias “Lorena”, su pareja y madre de su hijo.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que los ataques son una respuesta a la presión militar sobre las disidencias. “El debilitamiento de estas estructuras ha generado reacciones violentas contra la población civil”, afirmó, al tiempo que reconoció dificultades para prevenir los atentados.
Uno de los puntos más polémicos fue su señalamiento sobre la falta de colaboración ciudadana. Según el ministro, en el caso de Cajibío había tropas a menos de un kilómetro del lugar del atentado, pero nadie alertó sobre la instalación del explosivo.
Las autoridades no descartan que la escalada tenga también un trasfondo político, en medio del ambiente preelectoral, como una demostración de poder territorial por parte de las disidencias.
El recrudecimiento de la violencia desató reacciones inmediatas de figuras políticas como Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia, Claudia López y Sergio Fajardo, quienes cruzaron acusaciones sobre la responsabilidad del Estado, la política de seguridad y el futuro del país.
El Gobierno insiste en que detrás de la violencia está el control de economías ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal, que siguen financiando a estos grupos armados.
“La violencia es solo la punta del iceberg”, advirtió el ministro Sánchez, quien llamó a las comunidades a no sostener estas economías.
Colombia enfrenta nuevamente un escenario crítico: una guerra que mezcla retaliaciones personales, disputas criminales y tensiones políticas, con la población civil como principal víctima.
