El pulso político en la capital entró en una fase crítica. El proceso para revocar el mandato del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, dio un paso definitivo con la radicación formal de firmas ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, abriendo la puerta a una eventual consulta popular que podría redefinir el rumbo de la ciudad.
Tras cinco meses de recolección en calles, barrios y localidades clave, un grupo de ciudadanos consolidó la iniciativa que busca sacar anticipadamente al mandatario del Palacio Liévano. El movimiento, que asegura no tener respaldo partidista, se presenta como una respuesta al creciente descontento frente a la gestión distrital.
El detonante: una percepción generalizada de deterioro en la seguridad. De acuerdo con el concejal Jairo Avellaneda, la ciudad enfrenta un aumento sostenido de delitos como secuestros, extorsiones y robos de celulares y vehículos. “La inseguridad desbordó la capacidad de respuesta de la administración”, afirmó, en línea con cifras de Bogotá Cómo Vamos que indican que el 62% de los ciudadanos se siente inseguro.
Pero la ofensiva contra Galán no se limita al orden público. La movilidad urbana se convirtió en otro frente de batalla. La demolición del puente de Venecia y de estructuras en Puente Aranda, sin soluciones viales inmediatas, intensificó los trancones y afectó zonas densamente pobladas como Kennedy y Bosa, golpeando la rutina diaria de miles de ciudadanos.
A esto se suma la crisis en el manejo de residuos. Denuncias sobre ineficiencia en la recolección de basuras y la proliferación de roedores han encendido alertas sanitarias en distintos sectores de la capital, agravando la percepción de abandono institucional.
El sector educativo tampoco escapa a las críticas. Líderes sociales y voces del Concejo advierten sobre riesgos de deserción escolar y dificultades para sostener la matrícula en colegios públicos, lo que alimenta el argumento de los promotores de la revocatoria sobre la necesidad de un giro en la política social.
El camino hacia este punto no ha sido fácil. Según Avellaneda, el comité enfrentó trabas desde el inicio, incluyendo la negativa de entidades financieras para abrir la cuenta exigida por la ley, así como presuntas intimidaciones que ya fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación.
La jornada de radicación, realizada el 24 de abril, estuvo acompañada por víctimas de la delincuencia, docentes, padres de familia y líderes comunitarios, quienes aseguran que esta iniciativa nace del malestar ciudadano y no de intereses políticos tradicionales.
El proceso ahora queda en manos de la Registraduría, que deberá verificar la validez y el número de firmas. Si se cumplen los requisitos legales, Bogotá enfrentará una elección atípica en la que los ciudadanos decidirán en las urnas si Carlos Fernando Galán continúa o no al frente de la ciudad.
La capital entra así en una cuenta regresiva cargada de tensión política y social, donde la calle ya habló… y ahora le tocará decidir en las urnas.
