El hallazgo de dos cuerpos en zona rural de Jamundí confirmó el peor desenlace de un caso que durante días mantuvo en vilo a la comunidad: los cuatro jóvenes secuestrados por hombres armados fueron asesinados, en un hecho que desata indignación y revive el miedo en el suroccidente del país.
Las víctimas, retenidas desde el pasado 15 de abril en los corregimientos de Villa Paz y Quinamayó, completan una tragedia que evidencia la brutalidad de la estructura Jaime Martínez, señalada como responsable del crimen. Este grupo, perteneciente a las disidencias de las Farc, mantiene una fuerte presencia en corredores estratégicos entre Cauca y Valle del Cauca, donde el control estatal sigue siendo limitado.
Horas antes del último hallazgo, ya se había confirmado la muerte de dos de los jóvenes: Juan Viáfara (18) y Felipe Zapata (19), encontrados con impactos de bala en la cabeza, un indicio del nivel de violencia con el que actuaron sus captores. La aparición de los otros dos cuerpos terminó por cerrar el caso de la forma más dolorosa posible.
La pesadilla comenzó cuando hombres armados irrumpieron en zonas rurales de Jamundí y se llevaron por la fuerza a los cuatro jóvenes. Desde entonces, sus familias iniciaron una búsqueda desesperada, mientras las autoridades intentaban ubicar su paradero en medio de un territorio marcado por la presencia de actores ilegales.
Durante los días de incertidumbre, la Defensoría del Pueblo lanzó alertas urgentes sobre el riesgo que enfrentaban. “La afectación a jóvenes en estos contextos compromete sus proyectos de vida”, advirtió la entidad, que incluso hizo un llamado directo al autodenominado Estado Mayor Central, liderado por alias Iván Mordisco, para que respetara la vida de los retenidos, sin embargo, el llamado nunca fue atendido.
La Alcaldía de Jamundí activó sus capacidades institucionales desde el primer momento, pero la magnitud del caso superó rápidamente la respuesta municipal. La administración pidió apoyo urgente al Gobierno nacional y exigió la implementación de medidas de protección, basadas en alertas tempranas ya emitidas para la región.
El hecho vuelve a dejar en evidencia la fragilidad de la seguridad en zonas rurales donde la presencia de grupos armados ilegales impone reglas de facto y expone a las comunidades, especialmente a los jóvenes.
