La lupa de las autoridades volvió a caer sobre una de las plataformas más usadas del país. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sancionó a Rappi con una multa de $4.003.566.000 tras encontrar graves vulneraciones a los derechos de los consumidores y el incumplimiento de órdenes previas emitidas por la entidad.
La decisión, adoptada por la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor, se sustenta en dos investigaciones administrativas independientes que evidenciaron fallas sistemáticas en la operación de la compañía.
El caso no es menor. Según la SIC, en los últimos cinco años Rappi ha sido sancionada en tres ocasiones por infracciones al régimen de protección al consumidor, decisiones que incluso fueron confirmadas en instancias de recurso. Esta reincidencia pesó de forma determinante en el monto de la multa, elevando el castigo a niveles históricos.
El expediente revela una serie de incumplimientos que ponen en entredicho la calidad del servicio y la transparencia de la plataforma:
- Entrega de productos en mal estado, incompletos, equivocados o fuera del tiempo prometido.
- Fallas en la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR), sin respuestas oportunas ni de fondo.
- Incumplimiento de la garantía legal, con casos en los que los consumidores no recibieron lo que pagaron.
- Cobros no autorizados y falta de información clara sobre membresías como Rappi Prime y Rappi Pro.
- Ausencia de precios por unidad de medida (PUM), limitando la comparación de productos.
- Publicidad engañosa en servicios como “Turbo”, que prometía entregas en 10 minutos sin cumplirlas.
- Promociones sin informaciones claras: sin vigencia, condiciones o disponibilidad definida.
- Inclusión de cláusulas abusivas que restringían derechos como el retracto o la garantía.
- Falta de herramientas para hacer seguimiento directo a las PQR dentro de la plataforma.
Además, la entidad fue enfática en señalar que la empresa desatendió instrucciones previas impartidas mediante la Resolución 27648 de 2024, las cuales buscaban precisamente evitar este tipo de afectaciones a los usuarios.
Para la Superintendencia de Industria y Comercio, el comportamiento reiterado de la compañía evidencia una problemática estructural en la protección al consumidor dentro de la plataforma, lo que encendió las alarmas regulatorias.
La sanción no solo representa un golpe económico, sino también un fuerte llamado de atención en medio del crecimiento acelerado de las plataformas digitales en Colombia, donde millones de usuarios dependen diariamente de estos servicios.
