La situación jurídica de Ricardo Roa Barragán se complica. Por segunda vez consecutiva fue aplazada la audiencia en su contra por presunta violación de topes electorales en la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, luego de que el procesado no se conectara a la diligencia judicial.
La sesión, citada por el Juzgado 38 de Control de Garantías de Bogotá, no pudo llevarse a cabo ante la ausencia de Roa, obligando al despacho a devolver el expediente al Centro de Servicios Judiciales para que la Fiscalía reprograme la audiencia. Hasta ahora, no hay nueva fecha definida.
El caso no es menor. En noviembre pasado, el Consejo Nacional Electoral (CNE) concluyó que la campaña de Petro excedió los límites de financiación establecidos por la Resolución 0694 de 2022, con cifras que superan los 3.500 millones de pesos entre ingresos no reportados y gastos por fuera de los topes.
Según el informe, en primera vuelta se registró una vulneración de $2.459 millones y omisiones por $2.611 millones, lo que llevó a ordenar la devolución de $2.447 millones al Estado. En segunda vuelta, el exceso fue de $583 millones, acompañado de omisiones por $1.087 millones adicionales.
Entre las irregularidades detectadas figuran pagos a testigos electorales, donaciones de personas jurídicas —prohibidas por la ley— y gastos de transporte aéreo no reportados. El CNE también advirtió sobre la existencia de fuentes de financiación indebidas y aportes ocultos.
El nuevo aplazamiento ocurre en un momento crítico ya que Roa acaba de iniciar un periodo de vacaciones tras la autorización de la junta directiva de Ecopetrol, que incluye siete semanas de descanso y un mes adicional de licencia no remunerada.
Mientras tanto, el ingeniero Juan Carlos Hurtado asumió como presidente encargado de la compañía, en medio de crecientes cuestionamientos sobre la continuidad de Roa al frente de la principal empresa estatal del país.
Su regreso está previsto para finales de junio, pero el panorama es incierto debido a los múltiples frentes judiciales que enfrenta.
A este proceso se suma otra investigación liderada por la Fiscalía por el presunto delito de tráfico de influencias, relacionada con la compra de un lujoso inmueble en Bogotá.
Según el ente acusador, Roa habría adquirido el apartamento 901 del edificio Entre Parques por $1.800 millones, pese a que su valor comercial rondaba los $2.727 millones. Es decir, un descuento cercano al 34%, equivalente a unos $927 millones.
La Fiscalía sostiene que el negocio se habría dado en condiciones irregulares, en medio de la relación entre Roa y el empresario Juan Mancera, lo que refuerza las sospechas sobre posibles beneficios indebidos.
Con dos procesos judiciales en curso —uno por financiación electoral y otro por presunto tráfico de influencias—, la situación de Ricardo Roa Barragán no solo pone en entredicho su futuro jurídico, sino que también sacude la estabilidad de Ecopetrol, en un momento clave para el país.
El caso avanza entre aplazamientos, cifras millonarias y decisiones pendientes, mientras crece la presión pública por respuestas claras en uno de los escándalos más sensibles del escenario político reciente.
