A menos de cinco meses de terminar el mandato del presidente Gustavo Petro, un nuevo escándalo sacude al Gobierno y amenaza con convertirse en uno de los temas más polémicos de cara a las elecciones de 2026. Más de 31 billones de pesos habrían sido entregados mediante contratación directa a organizaciones sociales a través de las llamadas Asociaciones Público-Populares, una figura hoy cuestionada por su falta de transparencia y por haber sido parcialmente tumbada por la justicia.
La revelación, conocida tras una investigación periodística de El Tiempo, encendió las alarmas en los organismos de control y en sectores políticos que advierten un posible uso clientelista de los recursos públicos.
De acuerdo con la información, desde 2022 se han firmado 80.736 contratos con juntas de acción comunal, cabildos indígenas, resguardos y otras organizaciones territoriales. La mayor tajada se la llevaron asociaciones comunales, con más de 25 billones de pesos en 55.434 contratos.
Sin embargo, el dato más inquietante no es la cantidad, sino el resultado, pues la mayoría de estos contratos aparece en estados como “en ejecución”, “modificado” o “celebrado”, con niveles de cumplimiento bajos o inciertos.
Las cifras son contundentes ya que de los más de 55.000 contratos con asociaciones comunales, apenas poco más de 7.300 aparecen como terminados. En otras categorías, los niveles de finalización son incluso más bajos, lo que refuerza las denuncias de un presunto “caos administrativo”.
El corazón de la polémica está en las Asociaciones Público-Populares, un mecanismo incluido en el Plan Nacional de Desarrollo que permitía contratar directamente —sin licitación— con organizaciones de la economía popular.
Pero esa puerta fue cerrada por la Corte Constitucional, que tumbó los artículos 100 y 101 del PND al considerar que vulneraban principios básicos de la contratación pública.
El alto tribunal fue claro ya que el Gobierno se extralimitó al crear una vía que permitía contratar sin reglas claras ni controles suficientes, abriendo la puerta a discrecionalidad en el manejo de recursos públicos.
A la controversia jurídica se suma otro elemento explosivo; parte de los recursos habría sido entregada en efectivo, lo que dificulta su trazabilidad y seguimiento.
La Contraloría General de la República ya había advertido sobre irregularidades en programas como “Caminos Comunitarios de la Paz Total”, donde los avances son mínimos frente a las metas prometidas.
De los 33.000 kilómetros de vías rurales anunciados por el Gobierno, apenas se han construido alrededor de 2.387 kilómetros, es decir, cerca del 7 %. En otros informes, incluso se habla de ejecuciones inferiores al 1 % en algunos convenios, con recursos que ya fueron desembolsados.
Además, auditorías han identificado decenas de hallazgos fiscales y miles de convenios en lo que califican como un “limbo administrativo”, con dinero comprometido pero sin resultados visibles en las regiones.
El escándalo estalla en un momento crítico, pues el país entra en modo electoral y crecen las sospechas sobre el posible uso político de estos recursos.
Aunque las comunidades beneficiadas —juntas comunales, resguardos e indígenas— cumplen un papel legítimo en el desarrollo territorial, las críticas no apuntan al “quién”, sino al “cómo”.
Expertos advierten que, sin controles estrictos, este tipo de contratación puede convertirse en un canal para redes clientelistas, especialmente cuando se trata de actores con capacidad de movilización electoral.
Las alertas no son menores: 31 billones de pesos equivalen a presupuestos completos de sectores estratégicos del Estado, lo que convierte este esquema en un asunto estructural, no marginal.
Con miles de contratos bajo la lupa, obras inconclusas y recursos difíciles de rastrear, el caso promete escalar en el debate público y podría convertirse en un eje central de la campaña presidencial.
