En medio de un pulso jurídico y político sin precedentes, el Gobierno nacional decidió mantener intacto el incremento del 23,7% al salario mínimo mediante un decreto transitorio que deja la remuneración en 2 millones de pesos mensuales, incluido el auxilio de transporte. La decisión se produce tras la medida cautelar del Consejo de Estado que suspendió provisionalmente el decreto original expedido en diciembre.
El nuevo acto administrativo conserva exactamente la misma cifra: 23% al salario básico y 23,7% sumando el subsidio de transporte. Según el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, no existían razones jurídicas ni económicas para reducir el aumento mientras se define de fondo la controversia.
El ministro explicó que el decreto es “transitorio” y se expidió en cumplimiento del auto del magistrado Juan Camilo Morales, sin que exista aún un fallo definitivo sobre la legalidad del incremento decretado a finales de 2025 por el gobierno del presidente Gustavo Petro.
Sanguino recalcó que la medida cautelar no anuló el aumento, sino que ordenó expedir un nuevo acto mientras avanza el proceso. Por ello, el Ejecutivo decidió sostener el 23,7% mientras tramita un recurso de súplica contra la decisión del alto tribunal.
Uno de los puntos más polémicos es la interpretación de la Ley 278 de 1996, que fija cinco parámetros técnicos —inflación, productividad y crecimiento del PIB, entre otros— para definir el incremento anual. Según una de las tablas del decreto, la suma de esos factores arrojaría un aumento cercano al 13,6%.
Para Sanguino, los parámetros legales son “restrictivos” y no satisfacen el mandato constitucional del artículo 53, que consagra el derecho a un salario “mínimo, vital y móvil”. “Si fuera solo sumar y restar, bastaría una calculadora y no una comisión de concertación”, afirmó, defendiendo que el salario mínimo es también una herramienta de política económica y social.
El Ministerio reforzó la sustentación técnica con cuadros estadísticos, series históricas y referencias a la Organización Internacional del Trabajo y a entidades financieras como JP Morgan. El argumento central: existe una brecha acumulada entre la productividad laboral y la evolución real del salario mínimo desde 1996.
El Gobierno sostiene que el aumento no ha generado presiones inflacionarias “devastadoras” ni desestabilización económica, y que el concepto de “mínimo vital” debe prevalecer sobre una lectura estrictamente numérica de la ley.
Lo cierto es que el salario mínimo —que impacta a millones de trabajadores— se convirtió en el epicentro de un debate mayor sobre la relación entre economía, Constitución y poder judicial. Y, por ahora, el 23,7% sigue en firme.
