En una decisión que sacude los cimientos del poder político en Colombia, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó el envío a prisión de los exministros del Interior, Luis Fernando Velasco, y de Hacienda, Ricardo Bonilla, al acoger los argumentos de la Fiscalía General de la Nación dentro del proceso que los vincula a un presunto entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
La determinación fue adoptada por la magistrada Aura Alexandra Rosero, quien concluyó que ambos exfuncionarios habrían participado activamente en una “división de tareas” organizada y permanente, orientada a direccionar contratos públicos para beneficiar a congresistas a cambio de su respaldo a reformas impulsadas por el Ejecutivo.
“La Fiscalía acreditó que las dinámicas investigadas trascendían el ejercicio formal del cargo, se apoyaban en redes políticas, administrativas y relacionales previamente consolidadas y operaban a través de terceros”, señaló la togada.
El tribunal descartó la solicitud de detención domiciliaria al considerar que la gravedad de los hechos exige la reclusión en centro carcelario. Según la magistrada Rosero, la medida no obedece a un riesgo de fuga, sino a la necesidad urgente de impedir la rearticulación de estructuras corruptas con capacidad de interferir en la contratación estatal y en decisiones legislativas.
“Se trata de esquemas de corrupción de compleja envergadura, cuyos riesgos no se neutralizan con una medida sustitutiva”, enfatizó el tribunal.
Para la Sala, la conducta atribuida a los exministros no solo vulneró el erario, sino que minó la confianza ciudadana en las instituciones del Ejecutivo y el Congreso.
“Se envió un mensaje equivocado a la sociedad sobre las acciones en los ministerios y el Congreso, afectando gravemente la credibilidad del Estado”, sostuvo Rosero.
Uno de los puntos más delicados expuestos durante la audiencia fue la existencia de un presunto “cónclave” político, celebrado el 27 de noviembre de 2023 en la Casa de Nariño. En dicho encuentro habrían participado, entre otros, el entonces director del Dapre, Carlos Ramón González; el exdirector de la Ungrd, Olmedo de Jesús López; y varios ministros.
Según la magistrada, allí se impartieron directrices claras para canalizar recursos públicos hacia proyectos exigidos por congresistas, bajo una lógica de cupos indicativos.
“No actuaron de manera episódica ni esporádica… desde un principio dieron instrucciones claras y precisas para direccionar los contratos”, afirmó Rosero.
El tribunal subrayó que, al momento de los hechos, tanto Bonilla como Velasco tenían control efectivo sobre recursos públicos. En el caso del exministro de Hacienda, recaía la responsabilidad directa sobre los fondos estatales y su asignación, mientras que Velasco, desde el Ministerio del Interior, mantenía contacto directo con senadores y articulaba los apoyos políticos.
“Nada en este caso se dejó al azar: ambos utilizaron sus cargos para direccionar recursos públicos”, puntualizó la magistrada.
La Fiscalía imputó a los exministros los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos, al señalar que habrían coordinado la entrega de contratos a cambio de votos favorables en el Congreso. Aunque Bonilla y Velasco rechazaron los cargos durante la imputación del pasado 1.º de diciembre, el tribunal dio credibilidad a los testimonios de Olmedo López y Sneyder Pinilla, considerados coherentes y concordantes.
A esto se sumó la declaración de María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda, quien aseguró haber presenciado reuniones donde se pactaron entregas de contratos y se impartieron instrucciones específicas para cumplir con las exigencias políticas.
“No fueron relatos aislados”, recalcó Rosero, al concluir que existe evidencia suficiente de un esquema estructurado de direccionamiento contractual en la Ungrd y el Invías, con el objetivo de asegurar mayorías legislativas para la aprobación de reformas y operaciones de crédito público.
La decisión marca un punto de quiebre en uno de los casos más sensibles para el Gobierno y abre un nuevo capítulo judicial que podría escalar hacia otros altos funcionarios del Estado.
