La violencia volvió a golpear el corazón del Estado en el Valle del Cauca. Gilberto Jesús Calao González, director seccional de la Dian en Tuluá, fue asesinado en un atentado sicarial perpetrado en el barrio El Jazmín, un crimen que enciende las alarmas por la seguridad de los funcionarios públicos en una región golpeada por el accionar de estructuras armadas ilegales.
De acuerdo con información oficial, el ataque ocurrió cuando Calao González se dirigía a su lugar de trabajo en un vehículo de su propiedad. En ese momento, dos hombres a bordo de una motocicleta lo interceptaron y le dispararon en repetidas ocasiones, dejándolo sin vida en el sitio.
“La Policía Nacional informa a la opinión pública que, lamentablemente, en las últimas horas se presentó el homicidio del señor Gilberto Calao González, quien se desempeñaba como Director Seccional de la Dian en Tuluá”, confirmó la Policía del Valle del Cauca. El reporte conocido detalla que el funcionario fue abordado y agredido con arma de fuego por los atacantes, quienes huyeron tras cometer el crimen.
Tras el atentado, las autoridades cerraron la zona y activaron operativos especiales para identificar y capturar a los responsables. La Fiscalía General de la Nación asumió la investigación y analiza los posibles móviles, en un contexto donde no se descarta que el asesinato esté relacionado con su ejercicio como alto funcionario del Estado.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) expresó su profunda consternación por el homicidio y destacó la trayectoria y calidades humanas del funcionario. En un comunicado oficial, la entidad lo describió como “un servidor responsable, comprometido, leal a sus convicciones, respetuoso y con un marcado don de gentes”.
El asesinato de Calao González no es un hecho aislado. Se suma a una cadena de atentados y homicidios que han marcado al Valle del Cauca en 2025. El pasado 16 de diciembre, dos policías —los subintendentes Jorge Leandro Gómez Ochoa y Robert Stiven Melo Londoño— murieron tras un ataque con explosivos en el barrio Mariano Ramos, en el suroriente de Cali.
Antes, el 21 de agosto, un camión cargado de explosivos fue detonado contra la base aérea de Cali, y el 10 de junio se registró un ataque con motos bomba, hechos atribuidos a organizaciones armadas ilegales que buscan desestabilizar la seguridad urbana.
La seguidilla de ataques ha sembrado miedo, debilitado la confianza ciudadana y puesto en jaque a las autoridades, mientras crece la presión de grupos como el ELN y otras estructuras criminales. Aunque el Gobierno evalúa medidas de apoyo y refuerzo institucional, el asesinato del director de la Dian en Tuluá deja un mensaje inquietante: la violencia ya no distingue rangos ni cargos y vuelve a golpear directamente al Estado.
Hoy, el Valle del Cauca llora a un funcionario asesinado y exige respuestas contundentes, en medio de una escalada criminal que parece no dar tregua.
