La crisis institucional golpea de nuevo al corazón del Estado. La Procuraduría General de la Nación confirmó la suspensión provisional del general Juan Miguel Huertas, jefe del Comando de Personal del Ejército, y de Wilmar Mejía, alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), ambos mencionados en los comprometedores archivos de alias ‘Calarcá’, jefe de las disidencias, que revelarían presuntos vínculos y colaboraciones con esa estructura criminal.
El procurador general Gregorio Eljach, en entrevista con un medio nacional, aseguró que la decisión fue tomada por el procurador delegado encargado del caso, tras detectar indicios suficientes para apartar temporalmente a los dos funcionarios mientras avanza la investigación.
“Ellos son los que aparecen como eventuales cometedores de la posible conducta denunciada en medios”, afirmó Eljach, al explicar que la suspensión busca evitar interferencias en el proceso o la continuidad de las conductas investigadas.
El caso estalló este fin de semana, cuando la Unidad Investigativa del medio reveló el hallazgo de un arsenal de información confidencial perteneciente al jefe de las disidencias alias ‘Calarcá’.
Los archivos —cerca de un centenar de dispositivos entre laptops, USB y celulares, incautados y hoy en poder de la Fiscalía— contienen chats, correos, cartas y reportes internos que describen una relación directa y fluida entre miembros del Estado y la estructura criminal.
Uno de los documentos más comprometedor es un reporte enviado a ‘Calarcá’ por un hombre de su círculo de confianza tras asistir a reuniones en Bogotá con el general Huertas, fechadas el 8 de febrero de 2024.
En el reporte se afirma que Huertas —quien en ese momento no estaba activo en el Ejército, pero actuaba como “asesor en la sombra” del Ministerio de Defensa, Inteligencia Militar y la DNI— habría propuesto a las disidencias crear una empresa fachada de seguridad legal, que permitiría a sus integrantes moverse en vehículos blindados y portar armamento legalmente, con el pretexto de proteger líderes sociales.
Los documentos coinciden con la declaración de un disidente que habló en exclusiva y que aseguró que Mejía —apodado ‘El Chulo’ por su cercanía con oficiales del Ejército— era el encargado de acercar organizaciones criminales con integrantes de la Fuerza Pública.
Según el testigo, Mejía habría presentado a coroneles, estaciones de Policía y comandantes de estación para facilitar la movilidad y operaciones de las disidencias en varias zonas del país.
La estrategia, según los archivos y la declaración, era compartida y promovida por Mejía y Huertas, quienes habrían planteado a los líderes de las disidencias la creación de la empresa de seguridad como una herramienta para camuflar operaciones, legalizar presencia armada y abrir puertas institucionales.
Con dos altos funcionarios suspendidos y un volumen de pruebas explosivas en manos de la Fiscalía, el caso podría convertirse en uno de los mayores escándalos de infiltración criminal en entidades del Estado en los últimos años.
Por ahora, el país espera respuestas claras mientras las instituciones intentan contener el impacto político y de seguridad que este revelador episodio deja ver: una estructura criminal que habría logrado cruzar líneas prohibidas dentro de la Fuerza Pública y los organismos de inteligencia.
