Risaralda amaneció sacudida por un crimen que raya en lo incomprensible: una mujer de 34 años, identificada como Maryuri Gaspar, fue asesinada presuntamente por su propia hija de 18 años en el municipio de Dosquebradas, tras una discusión originada —según las primeras versiones— por el cambio de la clave del wifi en la vivienda.
El caso, que tiene consternada a la comunidad y ha encendido las alarmas sobre el incremento de la violencia intrafamiliar, ocurrió en presencia del hijo menor de Maryuri, quien presenció el ataque y trató desesperadamente de auxiliar a su madre ensangrentada. Hoy permanece bajo el cuidado de familiares, mientras su hermana mayor es buscada por las autoridades.
El coronel Diego Rodríguez, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Pereira, confirmó que la víctima ingresó al hospital Santa Mónica con múltiples lesiones causadas, al parecer, con un arma cortopunzante.
“Presuntamente, por un cambio de la clave del wifi tuvieron un altercado y se presentó este caso de violencia intrafamiliar”, señaló el oficial, quien además indicó que la joven señalada está “prófuga de la justicia”.
Organizaciones sociales calificaron el caso de Maryuri como un “síntoma extremo” de un problema que crece sin control y que, aseguran, requiere respuestas urgentes desde el Estado.
El coronel Rodríguez insistió en la importancia de la prevención y el acompañamiento oportuno:
“En estos casos es fundamental mediar, llegar a acuerdos y, ante cualquier señal de riesgo, llamar a la Policía Nacional”.
¿Qué hacer ante un caso de violencia intrafamiliar?
En Colombia, cualquier ciudadano puede denunciar estos hechos. Las autoridades recomiendan:
- Llamar a la línea de emergencias 123 en caso de peligro inmediato.
- Buscar apoyo en líneas especializadas como 155 o la Línea Púrpura (018000112137).
- Presentar la denuncia ante Comisarías de Familia, Fiscalía, Inspecciones de Policía o URI.
- Recopilar pruebas como fotografías, exámenes médicos, audios o testimonios.
- Solicitar medidas de protección, que deben ser expedidas en máximo 4 horas.
Las víctimas pueden recibir acompañamiento psicológico y jurídico gratuito a través de la Defensoría del Pueblo, el ICBF y organizaciones especializadas.
