Las primeras sentencias proferidas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra siete integrantes del último secretariado de las FARC despertaron este martes una ola de inconformidad entre las víctimas de secuestro, quienes calificaron las penas como “blandas” y “decepcionantes”, al considerar que todos los beneficios recaen en los victimarios y no en quienes padecieron años de cautiverio.
El fallo condenó a Rodrigo Londoño (alias Timochenko), Pastor Alape, Jaime Alberto Parra (alias el Médico), Pablo Catatumbo, Milton de Jesús Toncel (alias Joaquín Gómez), Julián Gallo (alias Carlos Antonio Lozada) y Rodrigo Granda (alias Ricardo Téllez) a ocho años de restricción de derechos, sin cárcel, como máximos responsables de la política de secuestro implementada por esa guerrilla durante el conflicto armado.
“Una burla para las víctimas”
El general en retiro Luis Mendieta, secuestrado durante la toma de Mitú en 1998 y liberado tras casi 12 años en cautiverio, aseguró que la decisión se aparta de las solicitudes que las víctimas presentaron ante la JEP.
“Se pedía la exclusión del secretariado porque no contribuyeron a la verdad, no entregaron bienes para la reparación y muchas víctimas aún esperan noticias de sus seres queridos desaparecidos. La sentencia es decepcionante”, expresó.
En la misma línea, Clara Rojas, secuestrada en 2002 junto a Ingrid Betancourt, manifestó que la decisión no resarce a quienes sufrieron el flagelo.
“Con todo respeto, los magistrados fallaron. La pena debía ser más alta, entre 15 y 18 años, por la magnitud de los hechos. La verdad y la reparación nunca llegaron”, afirmó.
El reclamo de las víctimas apunta, sobre todo, a la falta de verdad y a la escasa reparación material y simbólica. Helmuth Angulo, hijo de Carmenza y Gerardo Angulo —secuestrados en el año 2000—, aseguró que sienten “humillación” porque, tras años de espera, “no hubo ninguna reparación, no hubo verdad”.
El excongresista Sigifredo López, también víctima de secuestro, fue más allá: “Nunca se investigó nada. La investigación mediocre produce sentencias que revictimizan, una burla al dolor de las víctimas”.
Por su parte, el exgobernador del Meta Alan Jara, quien estuvo más de siete años en cautiverio, sostuvo que el daño causado es irreparable: “Ni con cadena perpetua ni con un fallo restaurativo se puede devolver lo que nos arrebataron. El daño es para toda la vida”.
De acuerdo con la sentencia, los excomandantes de las FARC fueron declarados responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad, incluidos secuestro, homicidio y desapariciones forzadas. Ninguno de los condenados asistió de manera presencial a la audiencia de lectura del fallo en Bogotá.
Para las víctimas, sin embargo, las decisiones de la JEP representan más un alivio para los responsables que una reparación para quienes padecieron el secuestro. La sensación generalizada es de frustración y desconfianza sobre el cumplimiento de lo pactado en el Acuerdo de La Habana.
