La Corte Constitucional advirtió a la Cámara de Representantes que tiene plazo máximo hasta el próximo 19 de septiembre para entregar las actas aprobadas y certificadas de las sesiones plenarias del 27 y 28 de junio, documentos necesarios para resolver la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 2381 de 2024.
La decisión fue adoptada por el magistrado sustanciador Jorge Enrique Ibáñez, quien recordó que desde el 22 de julio la Corte viene solicitando la misma información sin obtener una respuesta completa por parte de la corporación legislativa.
La insistencia del alto tribunal ha generado tensiones con el Gobierno y el presidente de la Corte, debido a los señalamientos contra el magistrado Ibáñez, a quien acusan de pretender “dilatar” el estudio de la reforma pensional.
No obstante, en al menos cinco autos anteriores, la Corte ha reiterado la importancia de contar con certificaciones formales sobre la aprobación de las actas y los órdenes del día en los que se discutieron, documentos que resultan indispensables para verificar si el trámite legislativo de la norma cumplió con los requisitos constitucionales.
El auto advierte además a la Presidencia de la Cámara que el incumplimiento de la orden podrá acarrear sanciones, en virtud del artículo 50 del Decreto 2067 de 1991, que obliga a los servidores públicos a colaborar con el tribunal.
Con esta decisión, la Corte dejó claro que la prórroga otorgada hasta el viernes 19 de septiembre será la última oportunidad para que la Cámara entregue la documentación requerida y así continuar con el estudio de la demanda.
