En un pronunciamiento, en la noche de este martes,el presidente Gustavo Petro denunció que los recursos del Programa de Alimentación Escolar (PAE), destinados a garantizar la nutrición de los niños en las escuelas públicas, no están llegando a su destino en varios departamentos del país, entre ellos el Tolima.
“El dinero que entregamos del PAE no está llegando a los niños”, afirmó el mandatario, señalando directamente la responsabilidad de algunas administraciones departamentales que, según sus palabras, han desviado los recursos o han permitido una gestión ineficiente y corrupta del programa. “En el Tolima, por ejemplo, lo que debería convertirse en comida, simplemente no aparece. Y eso es un crimen”, agregó.
Aunque Petro reconoció que no todos los gobernadores y gobernadoras están fallando en esta tarea —algunos, dijo, entienden profundamente lo que significa garantizar la alimentación de la niñez y juventud—, fue enfático al advertir que hay otros cuya gestión es “terrible”, y que este problema se extiende también a departamentos como Valle del Cauca y otros que serán próximamente revisados.
¿A dónde va el dinero?
El presidente cuestionó directamente el destino de los recursos: “¿Cómo así que el Gobierno da la plata y no se vuelve comida? Entonces, ¿a dónde se va la plata? ¿A comprar votos?”.
La afirmación abre un debate serio sobre el uso de fondos públicos en campañas políticas y la manera en que algunos funcionarios estarían sacrificando el bienestar de los niños en las escuelas a cambio de favores electorales.
Una advertencia a los votantes
Petro también hizo un llamado de atención a la ciudadanía, especialmente a los padres de familia: “Si hay padres que, tontamente, votan por los tipos y tipas que van a dejar sin comida a sus propios hijos, algo estamos haciendo mal como sociedad”, declaró.
El mensaje es claro: no se puede normalizar ni tolerar el robo de la comida de los niños. Los responsables deben ser investigados, sancionados y alejados de la gestión pública.
Urge acción y vigilancia
El caso del Tolima, así como los que podrían revelarse en otros departamentos, exige una respuesta inmediata del Estado y de los entes de control. El país no puede permitirse cerrar los ojos ante un crimen social de esta magnitud.
La alimentación escolar no es un lujo ni un beneficio opcional: es un derecho fundamental, y quienes bloquean su cumplimiento deben rendir cuentas ante la justicia y ante la ciudadanía.
