En su declaración, la mandataria regional aseguró que el Tolima ha cumplido con sus compromisos en materia de alimentación escolar. Según cifras entregadas, en 2024 se atendieron 85.610 menores, y en lo corrido de 2025 ya se han beneficiado 85.988 niños y niñas, con la meta de alcanzar 91.000 al finalizar el año.
Matiz destacó que actualmente se atienden 1.564 sedes educativas, de las cuales 1.400 están ubicadas en zonas de difícil acceso. A pesar de los desafíos geográficos, el programa ha logrado entregar diariamente más de 50.000 raciones en zonas rurales y cerca de 36.000 en áreas urbanas, en todos los días escolares.
Frente a los señalamientos del presidente sobre presuntas irregularidades o manejos políticos, la gobernadora fue enfática: “La escogencia de los operadores se ha hecho mediante licitación pública, conforme a la Ley 80 de 1993, y todo el proceso ha sido publicado en la plataforma Secop 2. No se ha contratado con fundaciones de forma directa ni con fines políticos, como mal se informó al país”.
La mandataria también recordó que los recursos del programa han sido financiados de manera conjunta entre el Gobierno Nacional y el departamento del Tolima. Sin embargo, lanzó una alerta: si no se asignan más recursos antes del primero de octubre, los niños y niñas quedarían sin alimentación escolar.
En su mensaje final, Matiz hizo un llamado a la articulación institucional para evitar que el programa se vea interrumpido. “Solicito que su equipo de gobierno, junto al de mi departamento, avance en las salidas a ese reto y que este tema sensible no se convierta en un revanchismo mediático-político”, concluyó.
El pronunciamiento de la gobernadora pone en evidencia la tensión entre algunos gobiernos departamentales y la administración nacional frente a la financiación y operación del PAE, un programa fundamental para garantizar el acceso y permanencia de los menores en el sistema educativo
