En medio de crecientes tensiones por la expansión de la minería ilegal en el sur del Tolima, la Gobernación realizó la Primera Mesa Técnica Departamental de Minería y Territorios con Potencial Minero, un encuentro que reunió a la Agencia Nacional de Minería (ANM), autoridades regionales y alcaldes de municipios mineros, para intentar frenar una problemática que —según los asistentes— ya desbordó las capacidades locales.
El espacio, liderado por la Secretaría de Desarrollo Económico a través de la Dirección de Desarrollo Minero Energético, buscó fortalecer la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno. Sin embargo, el tono de los mandatarios locales fue más de reclamo que de conciliación.
“El llamado ha sido constante y hoy damos un paso importante hacia esa articulación, pero necesitamos que el Gobierno Nacional no se quede en los discursos”, advirtió Yolanda Nasayo Bravo, secretaria de Desarrollo Económico del Tolima.
El caso más crítico fue expuesto por el alcalde de Ataco, Héctor Fabio Muñoz, quien denunció que la minería ilegal ha devastado ríos, bosques y comunidades, sin que existan respuestas efectivas del Estado.
“Nuestra gente vive del día a día. No hay alternativas reales. Esperamos que esta articulación se traduzca en acciones concretas, no en promesas. Necesitamos reconversión laboral, control ambiental y formalización”, señaló el mandatario local.
De acuerdo con la Agencia Nacional de Minería, en Ataco solo existen dos títulos mineros vigentes, pero la presencia de maquinaria y explotaciones ilegales ha crecido de forma alarmante.
“La situación es crítica. Hay migraciones, desplazamientos y afectaciones culturales derivadas de la explotación ilícita. Nuestro objetivo es ordenar el sector y promover la formalización”, reconoció Carlos Ortega, vicepresidente de Promoción y Fomento de la ANM.
Pese a los discursos institucionales, los asistentes coincidieron en que la falta de control y de políticas sostenibles ha convertido al Tolima en un terreno fértil para la minería informal, sin garantías sociales ni ambientales.
“El ejercicio ha sido enriquecedor, pero no podemos seguir haciendo diagnósticos eternos mientras los territorios se desangran”, expresó Luis Cárdenas, director de Desarrollo Minero Energético del Tolima.
Aunque la Gobernación anunció que este será un espacio permanente de coordinación, la reunión dejó en evidencia las fracturas entre los gobiernos locales y el nacional, así como la urgente necesidad de una política minera coherente y territorialmente justa.
Mientras tanto, en municipios como Ataco, Planadas y Chaparral, la minería ilegal sigue avanzando sin control, y los líderes locales temen que el silencio institucional termine sepultando el desarrollo sostenible bajo toneladas de tierra removida.
