La comunidad exige justicia por el caso del can herido por un camión oficial. La empresa solo ofreció una mínima ayuda económica, pese a la gravedad del accidente.
Lo que comenzó como una jornada habitual terminó en conmoción para los habitantes de Natagaima, cuando un perro callejero, conocido cariñosamente como Tango, fue atropellado por un camión perteneciente a la Empresa de Servicios Públicos de Natagaima (ESPN).
El hecho ocurrió en una vía transitada del municipio, donde testigos aseguran que el conductor del vehículo no se detuvo a auxiliar al animal, que quedó gravemente herido sobre el asfalto. Según los habitantes por el impacto le provocó fracturas en la mandíbula y otras lesiones internas que requerían atención inmediata.
A pesar de la gravedad del caso, la respuesta de la empresa fue considerada insuficiente por la comunidad: solo ofrecieron $100.000, cuando los gastos médicos ya superaban los $1.800.000, sin contar con los medicamentos ni el proceso de recuperación.
“Fue la gente del barrio quien corrió a ayudar, no la empresa. Ellos ni siquiera bajaron del camión”, expresó una habitante del sector que presenció el accidente.
La versión oficial de ESPN sostiene que el animal “se metió debajo del camión”, lo que para ellos fue un hecho fortuito. No obstante, esta explicación ha sido duramente cuestionada por vecinos y defensores de animales, quienes insisten en que hubo negligencia y falta de responsabilidad.
El caso ahora está siendo llevado a instancias legales , quien pretende establecer un precedente frente a la responsabilidad de entidades públicas en incidentes que involucren a animales.
Tango, aunque sigue en recuperación, se ha convertido en símbolo de resistencia y en bandera de una lucha ciudadana que exige respeto por la vida animal. Colectivos animalistas y vecinos de Natagaima organizan campañas para apoyar su tratamiento, al tiempo que claman por sanciones ejemplares.
Este hecho reabre el debate sobre el compromiso ético de las instituciones frente al bienestar animal y pone el foco en la necesidad de políticas más estrictas que garanticen justicia ante estos casos.
