La Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra la alcaldesa Diana Magaly Caro Galindo por el presunto no pago oportuno de salarios y prestaciones sociales a funcionarios de la Alcaldía municipal durante el cierre de 2023, un periodo que, según la queja que detonó el proceso, dejó a trabajadores públicos atrapados entre promesas administrativas y cuentas sin desembolsar.
La investigación se concentra en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2023, cuando presuntamente no se habrían cancelado sueldos, primas, bonificaciones ni subsidios, pese a que esas obligaciones ya figuraban como cuentas por pagar reconocidas dentro del ente territorial.
Aunque la investigación apunta directamente a la mandataria local, el expediente disciplinario no se limita a un solo nombre. En el proceso aparecen también:
- Laura Valentina Díaz Castellanos, secretaria de Hacienda en ejercicio.
- Rodolfo Andrés López Sierra, exalcalde (2020–2023).
- Yenny Paola Salinas Reyes, exsecretaria de Hacienda.
- Sandra Milena Camelo Rodríguez, exsecretaria de Hacienda.
El caso se convierte así en un señalamiento de mayor alcance, una cadena administrativa y financiera completa bajo sospecha, en un municipio donde los trabajadores habrían tenido que esperar meses por pagos que, en teoría, ya estaban listos para ejecutarse.
El punto más explosivo del proceso disciplinario es el que ahora deberá aclarar la Procuraduría, si existían recursos disponibles y aun así no se priorizó el pago de las obligaciones laborales.
Es decir, el caso no solo gira en torno a una crisis de caja, sino a la posibilidad de que el municipio haya tenido dinero y, aun así, se haya decidido no pagarle a sus empleados, un escenario que, de confirmarse, abriría la puerta a sanciones y responsabilidades disciplinarias.
Mientras se recaudan pruebas, el caso vuelve a exponer un problema que se repite en varios municipios del Tolima, alcaldías que operan con normalidad institucional, pero con funcionarios trabajando sin cobrar.
Para muchos, lo ocurrido en Santa Isabel no es solo un atraso contable: es una señal de alarma sobre cómo, en plena recta final del año, las administraciones terminan convertidas en máquinas de promesas, donde el presupuesto existe en papel, pero no llega al bolsillo de quienes sostienen el funcionamiento del municipio.
La Procuraduría busca establecer qué ocurrió con los recursos públicos durante esos cuatro meses críticos, cuando las obligaciones laborales ya estaban registradas, pero los pagos no se habrían materializado.
