El Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de Ibagué emitió un nuevo requerimiento dirigido a varias dependencias de la Gobernación del Tolima, tras evidenciar demoras e incumplimientos en la ejecución de una sentencia que protegía derechos colectivos de la comunidad del centro poblado Castilla, en el municipio de Coyaima.
La decisión judicial responde a una acción popular interpuesta por Aldemar Velásquez Devia y otro ciudadano, con radicado No. 73001-33-33-009-2022-00284-00, en la que se ordenaba al Departamento del Tolima realizar las obras de adecuación y mantenimiento —ya sea mediante pavimentación o afirmado— de un tramo vial de 530 metros entre la carretera Panamericana (vía Girardot – Neiva) y la entrada al barrio Las Acacias, en Coyaima.
Aunque la Secretaría de Infraestructura y Hábitat del Tolima informó haber finalizado los contratos de consultoría (No. 001 de 2024) e interventoría (No. 002 de 2024), el juzgado señaló que las gestiones realizadas no son suficientes para garantizar los derechos colectivos de la comunidad, dado que la obra física aún no ha comenzado, a pesar de que el plazo fijado por la sentencia ya expiró hace más de un año.
El despacho también cuestionó la lentitud en los procesos administrativos: aunque el contrato de consultoría terminó el 3 de julio de 2024, solo hasta el 2 de mayo de 2025 se suscribió el acta de entrega final, y aún no se ha avanzado en la ejecución de la obra como tal. El proyecto fue radicado ante el Banco de Proyectos de la Secretaría de Planeación Prospectiva y TIC, pero no se ha informado en qué estado se encuentra.
Por tal razón, el juzgado requiere a tres entidades:
- A la Secretaria de Infraestructura, para que presente un cronograma detallado de acciones y plazos para la ejecución de la obra.
- A la Secretaría de Planeación Prospectiva y TIC, para que informe el estado actual del proyecto.
- A la Gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz Vargas, para que garantice el cumplimiento total de la sentencia judicial.
Las entidades requeridas tienen un plazo de diez días para entregar los informes correspondientes.
La comunidad de Castilla, Coyaima, sigue a la espera de una solución definitiva a esta problemática vial que ha afectado por años su conectividad y calidad de vida.
