La Misión de Observación Electoral (MOE) lanzó una advertencia que cayó como un balde de agua fría sobre el panorama político del Tolima: 15 municipios presentan incrementos “atípicos, abruptos y estadísticamente injustificables” en la inscripción de cédulas, lo que podría configurar uno de los mayores episodios de trashumancia electoral de los últimos años.
El informe, elaborado junto al programa de Ciencia Política de la Universidad del Tolima, revela que estas zonas no solo están por encima del promedio nacional de 12,8 inscripciones por cada mil habitantes, sino que lo duplican y hasta triplican, encendiendo las alarmas sobre posibles maniobras orientadas a influir en las elecciones locales.
El caso más grave aparece en Chaparral, que registra 25,46 inscripciones por cada mil habitantes, un salto que expertos califican como “fuera de cualquier parámetro normal”. Pero lo más inquietante está en la vereda Moyalas Tapias, donde un solo puesto de votación reportó 305 inscripciones, una cifra “totalmente inusual” para un sector rural.
“Algo puede estar pasando allí”, advirtió Cristian Martínez, director de la MOE en el Tolima. Para la organización, el fenómeno exige intervención inmediata del Consejo Nacional Electoral (CNE) ante la posibilidad de trashumancia, es decir, del traslado irregular de votantes para alterar los resultados.
A Chaparral se suman Palermo, Fresno, Villarrica, Ibagué, Suárez, Ataco, Casabianca, Carmen de Apicalá, Melgar, Honda, Alvarado, Coyaima, Líbano y Valle de San Juan. De ellos, Chaparral y Ataco —ambos municipios PDET— resultan especialmente sensibles, pues cualquier alteración del censo electoral afecta directamente la representatividad de territorios priorizados en los acuerdos de paz.
La MOE también lanzó un dardo directo al CNE. Según Martínez, la posición del organismo —que sostiene que no tiene competencia para investigar inscripciones irregulares en elecciones legislativas— “se queda corta” frente al riesgo que esto implica en circunscripciones especiales de paz (CITREP).
Allí, el lugar donde se inscribe un ciudadano determina el tipo de tarjetón que recibe, lo que influye directamente en la elección de representantes para los territorios golpeados por el conflicto armado.
“Es vital que el CNE actúe. La variación en la inscripción impacta la participación y la representatividad rural”, insistió Martínez.
El informe reveló un hecho sin precedentes: Ibagué aparece por primera vez entre los municipios con alertas, pese a su historia de alta movilidad poblacional. La situación se vuelve aún más preocupante tras una declaración del secretario del Interior del Tolima, quien reveló la llegada reciente de 3.000 personas al departamento, un dato que —cruzado con el incremento en inscripciones— refuerza la posibilidad de movimientos coordinados para incidir en las urnas.
Para la MOE, este patrón no es solo “anómalo”, sino potencialmente capaz de alterar el equilibrio democrático en municipios vulnerables y estratégicos. La organización pidió una verificación inmediata en todos los territorios señalados, especialmente donde el aumento se concentra en zonas rurales.
“Esta vez las cifras no encajan y no podemos normalizarlo”, concluyó Martínez, dejando sobre la mesa una advertencia que ya pone al Tolima en el epicentro del debate nacional sobre la limpieza del proceso electoral.
