La Fiscalía General de la Nación volvió a poner bajo la lupa la contratación pública en el Tolima. Un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Tolima imputó el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales al exmandatario de El Espinal, Ortiz Monroy, por presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato de transporte escolar.
Según la investigación, Ortiz Monroy habría seleccionado de manera directa a una empresa para prestar el servicio de transporte escolar, sin aplicar el principio de selección objetiva ni abrir el proceso a la competencia, como lo exige la ley. El contrato tenía como finalidad movilizar a niños y niñas de más de 15 veredas —entre ellas Dindalito, Unión, Sena, La Joya, Guadalejo, Guayabal, Coyarco, Tarula, Puerto Peñón, Agua Blanca y Santa Ana— hacia el casco urbano de El Espinal durante la jornada académica.
Aunque el objeto contractual buscaba garantizar el acceso a la educación de menores en zonas rurales, la Fiscalía sostiene que el procedimiento utilizado para adjudicar el contrato habría vulnerado normas básicas de la contratación estatal.
El ente acusador indicó que el valor del contrato superaba los $28 millones, cifra que excedía el tope de la mínima cuantía permitida para contratación directa en ese momento. Por lo tanto, el proceso debía adelantarse mediante la modalidad de selección abreviada, mecanismo que garantiza mayor transparencia y participación de oferentes.
Uno de los puntos más delicados de la imputación señala que existía pluralidad de empresas habilitadas para prestar el servicio. Un informe de la Dirección Territorial Tolima del Ministerio de Transporte certificaba que, para la época de los hechos, al menos dos compañías —con sede en El Espinal y Purificación— cumplían con los requisitos para operar el transporte escolar en la región.
Para la Fiscalía, la decisión de contratar directamente, pese a existir oferta en el mercado, podría configurar una vulneración al principio de transparencia y a la libre competencia en la contratación pública.
El proceso judicial apenas comienza y se encuentra en etapa preliminar, mientras la justicia determina si el exmandatario incurrió o no en responsabilidad penal. El caso reabre el debate sobre la línea delgada entre la urgencia de garantizar servicios esenciales como el transporte escolar y el estricto cumplimiento de los procedimientos legales en el manejo de los recursos públicos.
De confirmarse las irregularidades, el proceso podría convertirse en un nuevo golpe a la confianza ciudadana en la administración municipal y en la gestión de los recursos destinados a la educación rural.
