En el marco de la Cumbre de Gobernadores por el cuidado del territorio y la vida, convocada por la Federación Nacional de Departamentos (FND), los mandatarios regionales enviaron un mensaje urgente al Gobierno nacional: es necesario redefinir las políticas de seguridad y tomar acciones contundentes frente al avance de los grupos armados ilegales que buscan controlar territorios y vulneran de manera sistemática los derechos de niños, niñas y adolescentes.
“La situación de orden público agobia a gobernadores y alcaldes como primeros respondientes, y convierte a las comunidades marginadas y a la niñez en las principales víctimas”, advirtió la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, vicepresidenta de la FND y anfitriona del evento.
Por su parte, el presidente de la FND y gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, sostuvo que la inseguridad representa un grave riesgo para la institucionalidad. “Durante este año han sido asesinados y heridos más de 500 miembros de la Fuerza Pública, un 150% más que en el mismo período del año anterior. Seguiremos trabajando con la esperanza de que el Gobierno entienda que el bien superior de la nación es garantizar tranquilidad y desarrollo sin distinción política”, señaló.
En esa misma línea, el director ejecutivo de la FND, Didier Tavera, advirtió que la seguridad es condición transversal al desarrollo. “Cuando los sistemas criminales encuentran fracturas entre el Gobierno y las regiones, se fortalecen”, subrayó.
El futuro de las regiones, reclutado
El general (r.) William René Salamanca, exdirector de la Policía Nacional, presentó un diagnóstico alarmante sobre el reclutamiento de menores en el país. “En Colombia, un niño, niña o adolescente es reclutado cada 48 horas. Solo este año se han reportado 463 casos y rescatado 12.024 menores de contextos de reclutamiento o explotación”, explicó. Señaló que los menores son utilizados en minería ilegal, narcotráfico, explotación sexual y como instrumentos de guerra.
Poca prevención, lenta atención
La gestión del riesgo de desastres también ocupó un lugar central en la cumbre. Los gobernadores coincidieron en que la política pública se ha centrado en la reacción y no en la prevención, y que los recursos son insuficientes para atender las emergencias.
“La naturaleza avisa y a la naturaleza hay que prestarle atención. Sin sistemas de alerta temprana en constante actualización no hay prevención posible”, sostuvo la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz.
La gobernadora de Sucre, Lucy García, lamentó que la región de La Mojana lleve once años esperando soluciones definitivas a las inundaciones. “En este gobierno se ampliaron los recursos, pero la crisis de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo volvió a detener las obras”, denunció.
Desde el Meta, la gobernadora Rafaela Cortés reclamó mayor apoyo ante los constantes colapsos viales que afectan la movilidad hacia el oriente del país y golpean de lleno al sector productivo.
Los mandatarios departamentales concluyeron que la gobernanza en seguridad y gestión del riesgo debe ser un compromiso conjunto entre el Estado, el sector privado y las comunidades, con el fin de garantizar el futuro social, económico y ambiental de las regiones.
