Un operativo policial realizado en las últimas horas encendió las alarmas sobre un posible entramado de compra de votos que salpica a personas cercanas a la estructura política de los hermanos Hurtado en el municipio de Melgar, Tolima, donde ese grupo político logró recientemente quedarse con la Alcaldía.
La información fue confirmada por la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, quien reveló que, además del dinero en efectivo, las autoridades hallaron material proselitista y documentos con datos de posibles sufragantes, lo que encendió las alarmas sobre una eventual estrategia de corrupción al sufragante.
“Estas personas fueron sorprendidas con dinero, propaganda y listados con nombres de ciudadanos. Todo este material fue puesto a disposición de las autoridades competentes para que se adelanten las investigaciones correspondientes”, explicó la mandataria departamental.
Las primeras capturas se produjeron el sábado 7 de marzo hacia las 4:45 de la tarde en el barrio La Laguna, sector El Mirador, luego de que habitantes de la zona alertaran a las autoridades sobre la presunta entrega de mercados que podría estar relacionada con prácticas de corrupción electoral.
De acuerdo con un informe oficial de la Policía, unidades de la Zona de Atención No. 6 interceptaron una camioneta en la que se movilizaban cuatro hombres identificados como Juan Pablo Jiménez, Daniel Riasco, Leonardo Prada y Jesús María Herrera.
Inicialmente, los ocupantes del vehículo fueron trasladados a la estación de Policía de Melgar con el fin de verificar la procedencia de la mercancía que transportaban. En una primera revisión no se encontraron elementos suficientes para evidenciar una compra de votos en flagrancia.
No obstante, durante una inspección más detallada al vehículo, los uniformados hallaron dentro de un bolso tipo canguro la suma de 8 millones 560 mil pesos en efectivo, además de seis hojas de cuaderno con nombres y números de cédula, un hallazgo que despertó fuertes sospechas sobre una posible operación de corrupción al sufragante.
En el procedimiento también fueron incautados 34 mercados, así como tarjetones electorales, gorras y volantes de propaganda política, elementos que, según los investigadores, podrían estar vinculados con actividades proselitistas en el marco del proceso electoral.
Ante estos hallazgos, las autoridades procedieron a materializar la captura de los cuatro ciudadanos por el presunto delito de corrupción al sufragante, conducta contemplada en el artículo 390 del Código Penal colombiano.
Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores es que, según información preliminar conocida por las autoridades, uno de los capturados, Jesús María Herrera, sería funcionario de la Alcaldía de Melgar, aunque actualmente se encontraría incapacitado.
Los cuatro detenidos, junto con el dinero, los mercados y el material político incautado, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que adelanta los actos urgentes y la apertura formal de la noticia criminal para definir su situación judicial.
“Pedimos a las autoridades que investiguen a estas personas y que se garantice toda la seguridad para que los ciudadanos puedan votar con tranquilidad”, señaló Matiz, quien reiteró que el Gobierno departamental mantendrá vigilancia permanente para proteger la transparencia del proceso electoral.
El caso cobra especial relevancia en medio de las alertas que, según fuentes oficiales, han sido trasladadas a las autoridades del Tolima sobre el presunto poder económico del exalcalde Andrés Hurtado y la posible circulación de dinero en efectivo con el objetivo de asegurar apoyos electorales para la aspiración de su hermana, Carolina Hurtado, a la Cámara de Representantes.
Mientras avanzan las investigaciones, el episodio ya genera fuertes cuestionamientos políticos y revive el debate sobre el uso de recursos y ayudas sociales como mecanismo de presión electoral en algunas regiones del país.
De comprobarse las irregularidades, este caso podría convertirse en el primer golpe judicial a una presunta maquinaria de compra de votos en la región, en momentos en que las autoridades electorales intensifican la vigilancia sobre prácticas que amenazan la transparencia de los comicios.
