A pocos días de las elecciones de las Juntas de Acción Comunal, el Tolima encendió las alertas. En Ibagué se llevó a cabo una Mesa de Seguridad Departamental que dejó un mensaje claro y es que la jornada del próximo 26 de abril se realizará bajo estricta vigilancia ante riesgos reales en varias zonas del departamento.
El encuentro reunió a autoridades y entidades del Ministerio Público, entre ellas la Defensoría del Pueblo de Colombia, que advirtió sobre la necesidad urgente de reforzar medidas de prevención para garantizar derechos fundamentales como la participación, la libertad de asociación y la autonomía de los líderes comunales.
La preocupación no es menor. Según lo expuesto, al menos 11 municipios presentan alertas por presencia de estructuras criminales: Ataco, Chaparral, Planadas, Rioblanco, Rovira, Roncesvalles, San Antonio, Prado, Dolores, Alpujarra e Ibagué.
En estas zonas, la combinación de delincuencia común y la movilidad de disidencias de las FARC mantiene en máxima alerta a las autoridades, que temen posibles presiones o interferencias en el proceso electoral comunitario.
El secretario del Interior del Tolima, Ricardo Suárez, fue directo y mencionó que el objetivo es blindar la jornada ante cualquier amenaza. “Buscamos adoptar medidas de prevención y protección en todo el Tolima, especialmente donde hay presencia de grupos organizados”, señaló.
Las instituciones anunciaron que estarán atentas a denuncias e irregularidades que puedan afectar el desarrollo de las elecciones, en un contexto donde la seguridad de líderes comunales sigue siendo un tema sensible.
Como parte del dispositivo, se instalará un puesto de mando unificado desde el sábado en la tarde, con presencia de la Fuerza Pública y entidades de control. El domingo, día de votaciones, se activará el seguimiento permanente para responder a cualquier eventualidad.
Las autoridades también recordaron que los horarios de votación pueden variar según la autonomía de cada junta, especialmente en zonas rurales, donde las dinámicas comunitarias definen la participación.
Aunque se trata de elecciones locales, el panorama evidencia una realidad inquietante: incluso los procesos comunitarios enfrentan riesgos en territorios donde persisten actores armados y economías ilegales.
