En medio de una creciente preocupación, los alcaldes de los municipios de Suárez y Rovira, en el departamento del Tolima, denunciaron públicamente que la Agencia Nacional de Tierras estaría adelantando procesos de reubicación de familias víctimas del conflicto armado provenientes del Catatumbo y del Cauca, sin concertación previa con las autoridades locales.
La alcaldesa de Suárez, Consuelo Alvis, manifestó que la administración municipal se enteró de la llegada de 18 familias desplazadas únicamente después de que ya se habían asentado en la vereda Pital, en un predio de 256 hectáreas adquirido anteriormente por la entidad nacional.
“No fuimos informados de manera oficial. Nos notificaron una vez ya estaban asentadas. Aunque no contamos con la capacidad institucional para atender adecuadamente a estas personas, debemos garantizar su protección y derechos”, indicó Alvis.
Una situación similar se estaría gestando en Rovira, donde el alcalde Víctor Alfonso Gualtero advirtió sobre la posible llegada de familias desplazadas desde el Cauca, sin que hasta el momento se haya informado a las autoridades locales sobre el predio o la vereda en la que serían instaladas.
“Nuestra obligación es velar por la seguridad de todos, pero no podemos permitir que se tomen decisiones sin concertación previa, más aún cuando hay alertas por presencia de actores armados que ejercen control territorial”, señaló el mandatario local.
Ambos dirigentes coincidieron en que este tipo de reubicaciones deben garantizar condiciones de seguridad, dignidad y sostenibilidad para las familias víctimas, pero también deben respetar las capacidades institucionales de los municipios receptores.
La falta de coordinación institucional ya había sido objeto de controversia semanas atrás en Honda, donde también llegaron familias desplazadas sin previo aviso, generando reacciones similares.
Ante el panorama, el Comité de Justicia Transicional del Tolima convocó una sesión extraordinaria para revisar el cumplimiento de la Sentencia 0171 de 2025, que obliga al Estado a garantizar la participación de los entes territoriales en estos procesos y a asegurar condiciones adecuadas de reubicación para las víctimas.
El secretario del Interior del Tolima, Ricardo Suárez Guzmán, se sumó a las críticas, señalando la ausencia del Gobierno nacional en escenarios de concertación cruciales:
“El Gobierno sigue desconectado del territorio. No asistió el director Nacional de Tierras a un tema tan delicado como lo es una orden judicial. No están dadas las garantías de seguridad ni para una reubicación digna. Vemos un total desinterés por los derechos humanos de estas personas”, manifestó Suárez.
Finalmente, las autoridades regionales hicieron un llamado urgente al Ejecutivo para que no se repitan estas decisiones unilaterales, que comprometen la seguridad de las comunidades receptoras y de las mismas familias reubicadas. También recordaron que en el pasado reciente, familias desplazadas que fueron ubicadas en el municipio de Ambalema decidieron abandonar el territorio por la falta de condiciones dignas para subsistir.
