A pocos días de las elecciones legislativas, un operativo de control realizado por las autoridades encendió las alarmas sobre posibles irregularidades electorales en el Tolima. En inmediaciones del peaje de Gualanday, jurisdicción de Ibagué, fue incautada una suma cercana a $70 millones en efectivo, junto con propaganda política y varios teléfonos celulares.
El procedimiento se llevó a cabo el miércoles en uno de los corredores viales más transitados del departamento, donde uniformados que adelantaban controles de rutina interceptaron una camioneta de alta gama. Durante la inspección del vehículo, los agentes encontraron el dinero en efectivo acompañado de material proselitista, lo que generó sospechas sobre una posible actividad electoral irregular.
Entre los elementos hallados dentro del vehículo se contabilizaron 1.802 tarjetones de publicidad política relacionados con la jornada electoral del 8 de marzo, correspondiente a la elección de Cámara de Representantes. Además, se encontraron stickers con el logo de un partido político, material que era transportado junto con el dinero y varios dispositivos móviles.
Las autoridades no descartan que estos elementos estuvieran destinados a una operación logística de campaña o, en el peor de los escenarios, a prácticas que podrían configurar delitos electorales.
De manera preliminar también se conoció que la camioneta en la que se movilizaban los elementos al parecer pertenecería al exalcalde de Planadas, David Lozada, lo que ha generado aún más controversia en el escenario político regional.
Las primeras versiones apuntan a que tanto el dinero como la publicidad podrían estar relacionados con el Partido Liberal Colombiano, colectividad de la cual hace parte el exmandatario. Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial sobre qué candidato o campaña específica estaría vinculada con el material incautado.
Todo el dinero, la propaganda política y los equipos celulares fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, específicamente ante una unidad de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, que asumió la investigación para determinar el origen de los recursos y su posible relación con delitos electorales.
Las autoridades buscan establecer si el dinero estaba destinado a financiar actividades de campaña, logística electoral o, eventualmente, a prácticas ilegales como la compra de votos.
El caso ocurre en un momento especialmente sensible para el país, cuando las autoridades han intensificado los controles para garantizar la transparencia de las elecciones. Este nuevo episodio vuelve a poner en el centro del debate las prácticas políticas en las regiones y la necesidad de vigilancia estricta sobre el manejo de recursos durante las campañas.
Mientras avanzan las investigaciones, el hallazgo de dinero en efectivo y propaganda política en un mismo vehículo ya comenzó a agitar el ambiente electoral en el Tolima, donde varios sectores exigen claridad inmediata sobre el origen de los recursos y el destino del material incautado.
