Un nuevo capítulo de incertidumbre golpea al magisterio en Huila y Tolima. Desde este 1 de octubre, Emcosalud suspendió la atención en sus 16 sedes tras 26 años de servicio ininterrumpido, dejando a 42.000 maestros y sus familias sin consultas, medicamentos ni servicios básicos de salud.
La decisión, notificada en la noche del 30 de septiembre por Aldo Enrique Cadena, vicepresidente del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), obedece a la falta de un acuerdo tarifario con la entidad.
El gerente de Emcosalud, Abel Sepúlveda, explicó que la disputa radica en la tarifa por cápita que el Fomag pretendía pagar:
“El Fomag propuso $48.000 por afiliado al mes, pero nuestros costos reales son de $52.000. Aceptar esa cifra implicaba reducir citas, deteriorar la calidad del servicio y precarizar a médicos y enfermeras”.
Como ejemplo, una consulta de medicina general cuesta alrededor de $26.000, pero el Fomag solo reconoce $14.000. “Ni siquiera cubre el salario del médico”, advirtió Sepúlveda.
Según Emcosalud, más del 95% de los maestros habían escogido sus servicios en Huila y Tolima, decisión que —aseguran— el Fomag pasó por alto:
“La propuesta implicaba recortar entre un 30% y 35% de las citas. Eso afecta directamente al maestro y viola el principio de libre elección”, denunció el gerente.
El presidente de la ADIH, Jan Jefferson Pacheco, lanzó duras críticas contra el Gobierno:
“Lo que se está haciendo es jugar con el derecho fundamental a la salud y la vida de los maestros. Esta crisis es producto de cálculos económicos que sacrifican a los docentes”.
Pacheco recordó que el régimen del magisterio es especial y que el Estado paga cerca de $150.000 mensuales por cada docente, lo que debería garantizar atención integral. Sin embargo, advirtió que la falta de regulación tarifaria permite que clínicas e IPS cobren valores desbordados en niveles de mayor complejidad:
“Las clínicas cobran como quieren. Hay precios supremamente exagerados. Es urgente un manual tarifario nacional”.
Ante la suspensión, se activó un plan de contingencia que redirige a los maestros hacia ESE municipales y prestadores alternos. Sin embargo, el panorama es incierto: largas filas, trámites adicionales y riesgo de colapso en instituciones que ya trabajan al límite.
En Neiva, los maestros deberán acudir a la ESE Carmen Emilia Ospina, Salud Vital o Acuerdos de Vida; en Pitalito a la ESE Manuel Castro Tovar; en Garzón a la ESE María Auxiliadora, entre otras opciones que, según la ADIH, no alcanzan a cubrir la magnitud de la demanda.
La suspensión en Huila y Tolima no es un hecho aislado. Según Fecode, situaciones similares están ocurriendo en otros departamentos, lo que prende las alarmas sobre un sistema fragmentado, sin regulación tarifaria y en permanente riesgo de colapso.
Por ahora, los maestros y sus familias quedan en un limbo, atrapados entre la puja financiera de Emcosalud y el Fomag, con su derecho a la salud en medio de un conflicto que parece no tener salida inmediata.
