Con una votación ajustada de 49 a favor y 43 en contra, el Senado de la República aprobó una proposición que redefine el contrato de aprendizaje del SENA, marcando un giro sustancial en la relación entre aprendices y empresas. El cambio, aunque todavía pendiente de convertirse en ley, introduce una figura híbrida entre la formación académica y los derechos laborales formales.
La modificación, que hace parte de la ambiciosa reforma laboral del Gobierno Petro, busca eliminar la separación tradicional entre el carácter educativo del contrato de aprendizaje y los beneficios típicos de un empleo formal. De ser ratificada, la nueva norma convertirá el contrato de aprendizaje en un contrato laboral especial a término fijo, regido por el Código Sustantivo del Trabajo.
¿Qué cambia?
Actualmente, los aprendices del SENA en etapa lectiva no cuentan con prestaciones laborales plenas ni afiliación completa al sistema de seguridad social. Bajo el nuevo modelo propuesto, las empresas patrocinadoras deberán asumir el pago de salud y riesgos laborales desde la fase teórica. En la fase práctica o en modelos de formación dual, se incluiría además la afiliación al sistema pensional.
Además, se contempla el pago de prestaciones sociales y auxilios económicos, lo que representa un avance significativo frente al modelo actual, establecido desde 2003.
El texto aprobado también redefine el artículo 81 del Código Sustantivo del Trabajo, permitiendo que la duración del contrato se extienda hasta por tres años, conservando la obligación formativa pero bajo un marco más proteccionista para el aprendiz.
Reacciones encontradas
Mientras el Gobierno celebra la decisión como un acto de justicia histórica, sectores empresariales expresan preocupación por los costos adicionales que asumirían al vincular aprendices.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, escribió en X:
“Una noticia HISTÓRICA (…) Le estamos cumpliendo a las y los jóvenes de Colombia”.
Sin embargo, críticos advierten que esta medida podría desincentivar la oferta de cupos de formación en empresas pequeñas, afectando el objetivo formativo que dio origen al contrato de aprendizaje.
¿Y ahora qué sigue?
La iniciativa aún debe superar la aprobación total del proyecto de ley en la plenaria del Senado, antes de pasar a sanción presidencial. Aunque no es ley aún, la decisión del Senado refleja un cambio de enfoque en las políticas laborales del país, donde los derechos sociales tienden a prevalecer sobre modelos de flexibilidad laboral adoptados en décadas pasadas.
Este debate se suma al pulso que el Gobierno libra en otras reformas estructurales, en las que el eje común es la ampliación de derechos para sectores tradicionalmente marginados: jóvenes, mujeres y trabajadores informales.
