El caso que estremeció a la opinión pública tras la muerte del estudiante de la Universidad de los Andes, Jaime Esteban Moreno Jaramillo, suma un nuevo capítulo que promete sacudir el proceso judicial. Ricardo González, identificado como el segundo agresor en la brutal golpiza ocurrida en la madrugada del 31 de octubre, se entregó voluntariamente ante las autoridades en Cartagena.
Según conoció un medio nacional, González llegó acompañado de su abogada a la URI Canapote del barrio Crespo, donde se hizo efectiva la orden de captura emitida por la Fiscalía el pasado 7 de noviembre. La entrega se produjo exactamente a las 7:58 a.m., tras varios días de especulaciones sobre su paradero y rumores que apuntaban a una posible fuga hacia Venezuela, los cuales fueron negados por su defensa.
Gladys Marcela López, abogada penalista y apoderada del procesado, aseguró que su cliente nunca abandonó el territorio nacional y que decidió entregarse “por voluntad propia para responder ante la justicia”.
La Fiscalía confirmó que González es el hombre que aparece en los videos de seguridad agrediendo a Moreno Jaramillo en la intersección de la calle 64 con carrera 15, luego de una fiesta de Halloween en la discoteca Before Club, en Bogotá. En las imágenes se le ve usando una camiseta negra y orejas de conejo del mismo color.
El ente acusador señaló en un comunicado: “Servidores del CTI hicieron efectiva la orden de captura contra un hombre que estaría implicado en la agresión y posterior muerte de un estudiante universitario, el pasado 31 de octubre, en la localidad de Barrios Unidos en Bogotá.”
Aunque la entrega fue voluntaria, esto no le otorgará beneficios jurídicos. Así lo explicó el abogado Francisco Bernate, representante de la familia de la víctima:
“El hecho de que se haya presentado no cambia la naturaleza del delito ni genera ventajas procesales. La Fiscalía continuará el curso normal del proceso.”
La historia de González, un joven cartagenero de origen humilde, ha despertado aún más controversia. Antes de la tragedia, trabajaba en un puesto de perros calientes en San Victorino. Su antiguo jefe relató a otro medio nacional que el joven, tras enterarse de la magnitud del caso, confesó haber participado en una pelea la noche anterior y renunció de inmediato, pálido y temeroso. “Le di 100.000 pesos y no volví a saber de él”, contó el empleador.
Con estudios técnicos en carpintería y experiencia como guardia de seguridad, González será presentado en las próximas horas ante un juez de control de garantías en Cartagena para la legalización de su captura.
Mientras tanto, el otro implicado, Juan Carlos Suárez Ortiz, quien no aceptó los cargos pese a las pruebas en su contra, podría enfrentar una condena de hasta 40 años de prisión.
