El avance de la investigación contra la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, por presunta violación de topes electorales, se frenó en el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Aunque todo parecía dispuesto para que en Sala Plena se votara la ponencia que propone sanciones por sobrepasar los límites de financiación en más de 5.300 millones de pesos, un nuevo giro en el caso impedirá que en junio se adopte decisión alguna.
El motivo principal es la incapacidad presentada por la magistrada Alba Lucía Velásquez que solicitó un mes de licencia médica debido a un accidente doméstico.
Velásquez, cercana al Gobierno y designada en representación del Pacto Histórico, era pieza clave en la definición de recusaciones que pesan sobre su actuación en el expediente, lo que ha congelado el proceso de manera indefinida. Sin embargo, la repentina ausencia de la magistrada Velásquez dejó sin piso jurídico avanzar en la discusión y votación.
Además, la magistrada debía resolver varias recusaciones interpuestas en su contra, entre ellas una en la que se cuestionó la transparencia de Velásquez al no informar al resto de sus colegas sobre su papel como testigo electoral acreditada por el Pacto Histórico durante los comicios.
De acuerdo con una certificación de la Registraduría, Velásquez actuó en favor de la campaña que ahora debe investigar, lo que ha generado un profundo malestar entre sus compañeros en el CNE, quienes consideran que debió declararse impedida.
La demora en resolver las recusaciones y la ausencia de una decisión de fondo sobre la investigación mantienen la tensión en el CNE. El caso estaría cada vez más cerca de la prescripción, lo que podría dejar sin sanción alguna las supuestas irregularidades en el financiamiento de la campaña presidencial.
Para los críticos del manejo del expediente, los recientes acontecimientos son vistos como dilaciones que afectan la transparencia del proceso. La expectativa ahora está puesta en la reactivación del caso tras el vencimiento de la incapacidad de la magistrada Velásquez y en la pronta definición de las recusaciones que podrían cambiar el rumbo de la investigación.
