Un caso histórico tiene en vilo al país y abre una de las discusiones más sensibles de los últimos años. Catalina Giraldo Silva, psicóloga de 30 años, se convirtió en la primera persona en Colombia en solicitar formalmente el suicidio médicamente asistido por causa de enfermedades mentales, una figura despenalizada pero aún sin reglamentación clara.
Acompañada por el abogado Lucas Correa y la organización DescLab, su caso no solo enfrenta al sistema de salud, sino que pone contra las cuerdas al Estado y a la legislación vigente.
Giraldo ha sido diagnosticada con trastorno depresivo mayor refractario, trastorno límite de la personalidad y trastorno de ansiedad generalizada. Durante años, ha intentado sin éxito múltiples tratamientos; más de 40 esquemas farmacológicos, nueve hospitalizaciones psiquiátricas y tres ciclos de terapia electroconvulsiva.
“Es como una sensación de vacío con la vida… lo siento físicamente en el pecho y duele”, relató en entrevista con un medio nacional, al describir un sufrimiento constante que, según afirma, ha hecho inviable su calidad de vida.
Tras el fracaso de su último tratamiento en 2024, tomó una decisión límite: “Para mí ya es suficiente”.
Inicialmente, solicitó la eutanasia ante EPS Sanitas, pero el procedimiento fue negado. En octubre de 2025 dio un paso más allá, pues pidió el suicidio médicamente asistido.
La respuesta fue contundente, ya que no es posible realizarlo por falta de condiciones normativas y operativas. Aunque en 2022 la Corte Constitucional despenalizó esta práctica, el país no cuenta con protocolos que permitan su aplicación.
El drama humano detrás del caso es tan fuerte como el debate legal. Giraldo ha sido hospitalizada cerca de doce veces y recientemente volvió a ser internada tras un intento de suicidio.
Su petición no busca un acto impulsivo, sino un procedimiento seguro, acompañado y sin violencia para su familia. “He intentado acabar con mi vida… pero no quiero lastimar a mi familia”, explicó.
Su madre, quien la ha acompañado durante años, respalda su decisión: “Eso no es vida para ella. No está viviendo dignamente”.
Tras la negativa de su EPS, el caso llegó a los tribunales mediante una acción de tutela que involucra al Ministerio de Salud y al Congreso. Sin embargo, un juzgado de Bogotá negó la solicitud en diciembre.
Ahora, la defensa apunta nuevamente a la Corte Constitucional, con la esperanza de que el alto tribunal siente un precedente y obligue a reglamentar el procedimiento.
El caso ha encendido una discusión profunda y polarizada. Mientras algunos sectores defienden el derecho a la autonomía y a una muerte digna incluso en enfermedades mentales, otros advierten sobre los riesgos de permitir estas decisiones en pacientes cuya percepción podría estar afectada.
En países como Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo y Suiza, el suicidio médicamente asistido ya es una realidad bajo estrictos controles. En Colombia, en cambio, el vacío legal sigue siendo total.
Mientras esas respuestas llegan, Catalina sigue esperando.
