La desaparición de un adolescente de 17 años, testigo clave en el proceso judicial por el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, ha generado controversia entre las autoridades colombianas. Mientras la Procuraduría General de la Nación habla de una “evasión”, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) sostiene que el joven no estaba bajo ninguna medida de privación de libertad.
El menor, quien se había entregado voluntariamente a la Fiscalía días después del ataque ocurrido el 7 de junio en Bogotá, estaba bajo custodia del ICBF en un Centro de Emergencia, en calidad de migrante no acompañado. Según el Ministerio Público, su salida del centro genera preocupación sobre las condiciones de protección que tenía el joven, por lo que ha iniciado una indagación preliminar para esclarecer responsabilidades.
“El despacho ha iniciado indagaciones correspondientes para establecer responsabilidad de los hechos, condiciones de protección en las que se encontraba el adolescente y pide a las autoridades trabajar para dar con su paradero lo más pronto posible”, señaló la Procuraduría a través de un comunicado oficial.
No obstante, la directora del ICBF, Astrid Cáceres, aclaró que el adolescente no estaba judicializado ni privado de la libertad. “No hay evasión porque no hay una medida de detención. Estaba bajo protección por su condición migratoria”, precisó. Además, aseguró que el joven ya había declarado ante las autoridades como parte del proceso de esclarecimiento del caso.
El atentado sicarial contra Uribe Turbay dejó al senador con graves heridas y sacudió la agenda política nacional, en medio de su campaña como precandidato presidencial. Hasta el momento, las investigaciones han permitido la captura de seis personas, entre ellas dos menores de edad.
Uno de los adolescentes, de apenas 14 años, es señalado como el autor material de los disparos. La Fiscalía ha anunciado que será formalmente acusado el próximo 4 de agosto, bajo el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Otro implicado, Cristian Camilo González Ardila, fue detenido recientemente en el sur de la ciudad; se le acusa de haber sido el conductor de la motocicleta que facilitó la huida tras el ataque.
El caso ha reabierto el debate sobre la participación de menores en estructuras criminales y la responsabilidad institucional en su protección, sobre todo cuando están vinculados como testigos en procesos penales de alto perfil.
