La reciente decisión de la Corte Constitucional de suspender la intervención del Gobierno en la EPS Sanitas reabrió el debate sobre la salud en Colombia y provocó una dura reacción del presidente Gustavo Petro, quien no ocultó su indignación frente al fallo. “Una aberración de ese tamaño solo se mantiene comprando la política”, declaró el jefe de Estado, apuntando directamente a los intereses económicos y políticos que, según él, están detrás de la decisión judicial.
El fallo representa un revés para la estrategia del Gobierno en su intento de reformar el sistema de salud y controlar lo que considera una crisis estructural de las EPS. Sanitas, una de las entidades con más afiliados en el país, había sido intervenida por la Superintendencia de Salud tras reportes de presuntas irregularidades financieras y dificultades en la prestación del servicio. Sin embargo, la Corte consideró que el proceso de intervención no cumplió con todas las garantías legales.
En su pronunciamiento, el presidente Petro cuestionó el modelo de aseguramiento actual y explicó que, durante su mandato, ha tratado de evitar la liquidación de EPS debido al daño que esta práctica ha causado históricamente en la red hospitalaria del país. “Cuando se liquida una EPS, los afiliados se trasladan a otras entidades por asignación oficial, pero las deudas quedan, y lo que queda para saldarlas son los activos —en su mayoría fondos públicos—, que no alcanzan para cubrirlo todo”, argumentó.
El mandatario se refirió a este proceso como “una gran estafa”, señalando antecedentes como los de Saludcoop, Cafesalud y Medimás, casos en los que la quiebra de estas entidades dejó millonarias deudas a clínicas y hospitales. Para Petro, la situación evidencia la urgencia de una reforma profunda al sistema de salud, la cual ha enfrentado trabas legislativas y una creciente oposición política y empresarial.
El fallo de la Corte también ha generado inquietud entre los defensores de la reforma, quienes ven en la suspensión de la intervención un posible debilitamiento del control estatal sobre el sector salud. Por otro lado, voceros del gremio médico y representantes de pacientes piden que el debate no se politice y que se garantice, ante todo, el derecho a una atención digna y oportuna.
Mientras tanto, el futuro de Sanitas y la estabilidad del sistema de salud siguen siendo temas sensibles en la agenda nacional, con el Ejecutivo, la rama judicial y el Congreso enfrentados en una disputa que trasciende lo legal y se adentra en el corazón de uno de los servicios más críticos del país: la salud.
