La muerte del ingeniero Rodolfo Hernández, a sus 79 años, causó una ola de comentarios en las redes sociales, entre los cuales se destacan, incluso, los de sus opositores políticos, como el presidente de la República, Gustavo Petro; la vicepresidenta Francia Márquez, y los congresistas miembros del Pacto Histórico, pese a las diferencias que se gestaron durante la campaña de 2022.
Pero así como se conocieron múltiples mensajes de condolencia, también surgieron algunas dudas de tipo jurídico, en lo que concierne con los procesos de tipo penal y disciplinario que cursan en su contra.
Además del caso de Vitalogic, por el que fue condenado en junio de 2024 en primera instancia a 64 meses de prisión, contra Hernández cursaban otras investigaciones en el ente acusador, relacionadas con la financiación de su campaña a la presidencia. Específicamente por el delito de financiación de campañas con fuentes prohibidas, durante el 2022, en el que también está involucrada su esposa, Socorro Oliveros.
Por su parte, en la Procuraduría, el popular ingeniero también afrontó una serie de sanciones por sus actuaciones como alcalde de Bucaramanga, en el periodo 2016-2019 que, acumuladas, lo llevaron a ser inhabilitado por el Ministerio Público para aspirar a la Gobernación de Santander en las elecciones del 29 de octubre de 2023; ante la determinación del Consejo Nacional Electoral (CNE).
La muerte de Hernández fue anunciada por el Hospital Internacional de Colombia (HIC), ubicado en el área metropolitana de la capital santandereana, a través de un comunicado a la opinión pública, su deceso se dio debido a complicaciones causadas por un cáncer de colon metastásico.
