El organismo investigador considera que el presidente habría divulgado información reservada del menor y pide que la Comisión de Investigación y Acusación determine si existen responsabilidades penales.
Un nuevo capítulo se abrió en el caso de Kevin Acosta Pico, el menor con hemofilia cuyo fallecimiento generó un intenso debate sobre la atención en el sistema de salud colombiano. La Fiscalía General de la Nación compulsó copias ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que investigue al presidente Gustavo Petro por la presunta comisión de los delitos de violación agravada de datos personales y homicidio culposo.
La decisión está relacionada con las declaraciones que el mandatario realizó en febrero de 2026 durante un evento en Uribia, La Guajira, cuando se pronunció sobre la muerte del niño y expuso detalles de su tratamiento médico, así como de las circunstancias que, según su versión, rodearon el caso.
Para la Fiscalía, el jefe de Estado habría revelado información protegida por la reserva de la historia clínica sin contar con autorización de la madre del menor, lo que podría constituir una vulneración a la confidencialidad de los datos personales. El ente investigador sostiene que el contenido divulgado hacía parte de información de carácter reservado y no podía ser expuesto públicamente.
En el documento, la Fiscalía también cuestiona que el presidente atribuyera parte de la responsabilidad a la madre del niño, al señalar aspectos relacionados con el traslado de domicilio, el incumplimiento de una dosis del tratamiento, la práctica de actividades físicas y una presunta negativa a un procedimiento médico.
Otro de los puntos que motivó la compulsa de copias fue el supuesto interés del mandatario por conocer información contenida en el informe de necropsia del menor, documento que igualmente se encuentra protegido por reserva judicial y cuyo acceso está restringido.
En cuanto al presunto delito de homicidio culposo, la Fiscalía pidió establecer si existió una eventual responsabilidad derivada del proceso de intervención de la Nueva EPS, al considerar que el funcionario encargado de atender la contingencia no habría respondido de manera oportuna para garantizar el suministro del tratamiento que necesitaba Kevin Acosta durante la emergencia médica.
El ente acusador concluyó que las presuntas omisiones registradas durante la atención del menor deberán ser objeto de investigación penal y confirmó que avanzará en la imputación de cargos contra los funcionarios y personas que, de acuerdo con el material probatorio recopilado, habrían tenido responsabilidad en los hechos que terminaron con la muerte del niño.
La Comisión de Investigación y Acusación será ahora la encargada de evaluar la compulsa de copias remitida por la Fiscalía y determinar si existen méritos para abrir una investigación formal contra el presidente de la República, conforme al procedimiento previsto para los altos dignatarios del Estado.
