La fiscal general, Luz Adriana Camargo, confirmó este martes 25 de noviembre que la solicitud para imputar al exministro será radicada este miércoles, luego de consolidar las pruebas aportadas por quien hoy es la pieza clave del caso: María Alejandra Benavides, su exasesora y exfuncionaria de la UNGRD.
Benavides, imputada por su participación en la red de corrupción y actualmente colaboradora de la Fiscalía bajo un acuerdo judicial, se convirtió en la voz que compromete directamente a Bonilla. Su testimonio —crudo, directo y respaldado por material probatorio— describe un entramado de presiones políticas, favores a congresistas y uso indebido de entidades estatales.
En su declaración a la Fiscalía en noviembre de 2024, Benavides afirmó:
“Él (Bonilla) sabía que esos contactos eran de políticos y de contratistas. Él sabía que esos contactos los había sacado yo de lo que me habían pasado los congresistas que tenían los cupos indicativos. Yo no le puedo decir mentiras a ustedes”.
Según la exasesora, Bonilla no solo estaba al tanto del origen de las gestiones, sino del presunto plan para sobornar a congresistas con el fin de que aprobaran créditos internacionales y ampliaciones del cupo de endeudamiento de la nación. La UNGRD habría sido la entidad encargada de cumplir las promesas hechas a los legisladores, mediante contratos direccionados para proyectos en sus regiones.
Información recopilada por la Corte Suprema de Justicia sugiere que al menos seis congresistas de la Comisión de Crédito Público habrían sido abordados con promesas concretas: si emitían conceptos favorables para el Gobierno, recibirían obras y contratos gestionados a través de la UNGRD.
Este presunto intercambio político-contractual sería el corazón del nuevo capítulo del escándalo, que ya ha salpicado a altos funcionarios, operadores políticos y contratistas del Estado.
La posible imputación contra un exministro de Hacienda —considerado un cargo de máxima confianza y responsabilidad técnica— generó un terremoto político inmediato. Bonilla, una figura cercana al Ejecutivo y con amplio control sobre temas financieros nacionales, podría convertirse en el funcionario de mayor rango vinculado penalmente al caso UNGRD.
La Fiscalía considera que las pruebas entregadas por Benavides confirman que, al menos, hubo conocimiento y omisión por parte del exministro frente a una operación destinada a torcer voluntades en el Congreso.
La audiencia de imputación, cuya radicación se hará este miércoles, marcará un punto de quiebre en el escándalo. De ser aceptadas las inferencias de la Fiscalía, el proceso podría escalar hacia investigaciones más amplias sobre el uso de la UNGRD como plataforma de favores políticos.
Mientras tanto, la opinión pública observa con preocupación cómo uno de los entes creados para atender emergencias y proteger a las víctimas del país termina convertido —una vez más— en escenario de corrupción, tráfico de influencias y compra de voluntades legislativas.
El caso Bonilla apenas inicia, pero ya sacude al Gobierno, al Congreso y a la credibilidad de las instituciones. El país está a la expectativa del siguiente capítulo.
