La líder de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional y fundadora del partido político Mira, María Luisa Piraquive de Moreno, deberá pagar una sanción superior a los $3.800 millones de pesos luego de que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado confirmara la decisión de la DIAN por inconsistencias en su declaración de renta correspondiente al año 2012.
El fallo definitivo se dio tras más de una década de litigios judiciales en los que la líder religiosa intentó revertir la sanción impuesta por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), alegando, entre otros argumentos, su residencia en Weston, Florida (EE. UU.), desde 2006. Sin embargo, las autoridades tributarias determinaron que, pese a vivir fuera del país, gran parte de sus ingresos se seguían generando en Colombia, por lo que debía cumplir con las obligaciones fiscales locales.
Según la DIAN, el patrimonio total de Piraquive en 2012 —al considerar bienes tanto en Colombia como en el exterior— superaba los $12.000 millones de pesos, cifra significativamente mayor a lo declarado oficialmente. Como resultado, la entidad ordenó el pago de $3.805 millones, monto que excedía en más de $3.000 millones lo que había tributado ese año.
Los documentos del proceso revelan que la pastora declaró ese año $1.404 millones en EE. UU. y $806 millones en Colombia, intentando desestimar la aplicación de la normativa tributaria nacional sobre sus ingresos globales.
Aunque Piraquive sostuvo que sus actividades eran exclusivamente espirituales y no mercantiles, el Consejo de Estado encontró evidencia de su participación en negocios con fines de lucro. La líder religiosa aparece como socia en sociedades comerciales como Librería y Papelería Futuro Ltda., Libertadora de Seguridad Servicios Integrales Ltda. y Libertad de Seguridad Ltda., de las cuales recibió utilidades y participó activamente en decisiones administrativas.
Asimismo, en 2012 reportó ventas de libros y declaró el impuesto de industria y comercio, lo que desvirtuó el argumento de que su actividad no debía considerarse dentro del régimen tributario ordinario.
La defensa de la pastora, liderada hasta hace poco por el abogado Héctor Carvajal —quien renunció recientemente para asumir como magistrado de la Corte Constitucional—, presentó una demanda de nulidad en 2018, la cual fue negada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en 2021 y ratificada en 2022 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.
El último intento legal, un recurso extraordinario de súplica, también fue rechazado. La Sala determinó que no se presentaban argumentos nuevos ni jurídicamente válidos para reabrir el caso y dejó en firme la sanción impuesta por la DIAN. Además, ordenó el pago de un salario mínimo legal por concepto de costas procesales.
La decisión marca un hito en la aplicación de las normas fiscales a figuras religiosas que, pese a su actividad espiritual, manejan grandes cantidades de dinero y participan en negocios lucrativos. También subraya el alcance de la legislación tributaria colombiana sobre los ciudadanos que, aunque residan en el exterior, siguen obteniendo ingresos en territorio nacional.
La Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, fundada por Piraquive en 1972, tiene presencia en más de 50 países y recibe cientos de miles de dólares mensuales por concepto de donaciones. Según reportes de prensa, solo en Bogotá se estimaba que en 2014 la iglesia recolectaba cerca de US$100.000 al mes.
